Alzando la voz contra las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la industria minera

Personas defensoras y activistas de todo el mundo resisten frente a las empresas que vulneran los derechos humanos, el derecho a la tierra y el ambiente, y a menudo sufren represalias por hacerlo. En su informe de 2023, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos destaca que el sector minero fue el que más ataques registró contra personas defensoras de los derechos humanos en comparación con otras industrias (165 de 630 ataques en 2023). América Latina y Asia son las regiones más afectadas por los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos (el 41% de los ataques se produjeron en América Latina y el 30% en Asia). La organización Frontline Defenders también concluye su análisis global de 2023/2024 con cifras preocupantes sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos:

Vista aérea desde una excavación para la extracción de níquel, Indonesia. Fotografía: KOMIU.

El FNDH apoya a organizaciones de América Latina y Asia que defienden los derechos de las comunidades y las personas afectadas por las actividades mineras y que protegen el ambiente.

Para conocer mejor los contextos de nuestras organizaciones copartes, sus similitudes y diferencias, y las estrategias que han desarrollado para superar los retos a los que se enfrentan, puedes ir desplazándote hacia abajo.

En el sudeste asiático, el FNDH cuenta con varias organizaciones copartes que trabajan en la promoción de la autonomía y el desarrollo de las comunidades locales e indígenas. Uno de ellos es Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU), una organización indonesia que trabaja en Sulawesi Central. KOMIU trabaja en la promoción de la soberanía hacia el desarrollo sostenible, para garantizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades marginadas. Aunque la organización se enfrenta a muchos retos, en 2023, KOMIU consiguió la suspensión temporal del permiso de producción para la industria minera del oro en zonas indígenas.

KOMIU, organización coparte del FNDH, trabaja en la documentación de los límites del territorio. Fotografías: KOMIU.

Conoce más en este vídeo, en el que el director de KOMIU habla de cómo realizan su trabajo y del impacto que tiene en las comunidades locales.

En Tailandia, el Center for Protection and Revival of Local Community Rights (CPCR), un colectivo de juristas, ofrece asistencia jurídica a comunidades indígenas y en situación de vulnerabilidad. La opinión del CPCR es que es fundamental capacitar a los habitantes de estas comunidades para proteger sus derechos humanos y garantizar una gestión equitativa de los recursos.

En nombre de una comunidad indígena cuyos derechos se han visto afectados por una mina de carbón, en 2023, la CPCR se dirigió a un tribunal local y consiguió una orden de protección temporal. Aunque el proyecto minero afectaba al modo de vida y a los medios de subsistencia de las comunidades cercanas, se puso en marcha sin la debida participación de estas comunidades. Por ello, las personas jóvenes defensoras indígenas de la comunidad exigen que se reconozca su derecho a la participación.

Jóvenes indígenas defensoras de los derechos humanos apoyadas por CPCR, coparte del FNDH en Tailandia, comparten el impacto ambiental de la minería del carbón cerca de su aldea durante una visita. Fotografía: FNDH.

La coparte del FNDH, la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), se encuentra en la región minera de Coahuila, en el norte de México. En 2006, un desastre minero en el que murieron 65 mineros, llevó a la creación de la organización para pedir justicia para las víctimas y sus familias, así como condiciones de trabajo seguras para las personas que trabajan en las minas, con el fin de que esto no vuelva a ocurrir. El 12 de junio de 2024 -después de 18 años- las autoridades mexicanas anunciaron por fin la recuperación de los restos de algunos de los cuerpos que aún permanecían en el interior de la mina tras el siniestro. Este es un asunto por el que Pasta de Conchos ha abogado durante todos estos años, ya que es muy importante para las familias de las víctimas. No obstante, la organización ha declarado que seguirá defendiendo las exigencias de verdad, justicia y medidas para evitar que se repita.

Acto conmemorativo organizado por la coparte del FNDH, Pasta de Conchos, en Ciudad de México en 2023 para recordar a las víctimas de los desastres mineros ocurridos en 2006. Fotografía: FNDH.

Nuestra coparte en Colombia Amar es Más ha apoyado a la comunidad indígena Embera Karambá a través del apoyo legal y de incidencia política. Durante los últimos 15 años, se han concedido alrededor de 12 proyectos de exploración y explotación minera a empresas multinacionales en el territorio indígena Embera Karambá, situado en el centro-oeste de Colombia, en Quinchía (Risaralda). Estos proyectos han causado múltiples conflictos socio-ambientales en el territorio indígena, que han sido denunciados por la comunidad.

Para la comunidad Karambá, las aguas son las venas y arterias de la tierra. Las perforaciones para la exploración minera crean discordia y heridas que afectan a las comunidades, provocando la pérdida de los flujos de agua que sustentan sus medios de vida. La comunidad apuesta por el reconocimiento y vigilancia de sus aguas como herramienta de defensa territorial, que les permita reivindicar su papel como autoridades ambientales frente a las decisiones arbitrarias e inconsultas del Estado colombiano.

Guardia indígena de las montañas de Miraflores, Colombia. Primera fotografía: Sandra Bejarano Aguirre / Tierra de resistentes

Edith Taborda en diálogo con el presidente de Colombia Gustavo Petro. Segunda fotografía: Imagen de la grabación del evento

Aunque la comunidad y sus líderes han recibido continuas amenazas como consecuencia de su trabajo, esta lucha los ha fortalecido colectiva e individualmente.

Escucha la historia de Edith Taborda en el siguiente video para conocer sobre esta resistencia colectiva que históricamente ha marcado al pueblo indígena Embera Karambá en defensa de su tierra y territorio:

Luchar por los derechos ambientales puede ser un trabajo muy peligroso, como se ha observado en los otros países. Varias de las organizaciones copartes del FNDH que trabajan por los derechos ambientales y de los pueblos indígenas se enfrentan a graves riesgos de seguridad, por lo que es necesario mantener su anonimato.

Existe una amenaza creciente para las comunidades locales, ya que las negociaciones mundiales sobre los objetivos de mitigación del cambio climático han aumentado la demanda de minerales esenciales. Muchos países del Sur Global están sacrificando el ambiente y los derechos humanos ante esta demanda. Esto está poniendo a las comunidades, especialmente a las mujeres, en mayor riesgo de perder sus ecosistemas y recursos de biodiversidad, que son las fuentes primarias de su seguridad alimentaria, sustento y espiritualidad.

Por ejemplo, en la India, mientras se subastan ahora combustibles fósiles con varias concesiones mineras a entidades privadas, las comunidades indígenas que protegen estos recursos se enfrentan a la intimidación de la industria minera y las autoridades estatales. Se están destinando tierras forestales a nuevas licencias mineras, así como a plantaciones y programas de deforestación financiados por gobiernos del Norte Global e instituciones financieras internacionales, lo que provoca más angustia y riesgos para las comunidades. Estas plantaciones están sustituyendo a las prácticas comunitarias y conocimientos de conservación y a los derechos sobre la tierra, causando más daño a estos ecosistemas que soluciones restauradoras. Las políticas de género y de salvaguarda social de estos fondos de acción climática ofrecen poco alivio o protección a las comunidades afectadas, que se ven amenazadas por desalojos y violaciones constitucionales.

Restos de residuos de una empresa de extracción de piedra que cerró tras 29 años de movimiento de una comunidad rural liderada principalmente por mujeres contra los impactos de la mina sobre la tierra y el ambiente. Fotografía: FNDH.

Esta organización también reconoce el daño desproporcionado que sufren las mujeres en el proceso extractivo minero y trabaja para incluirlas en los procesos de toma de decisiones y redefinir sus funciones en las comunidades locales. Mediante la colaboración con defensoras de los derechos humanos, el objetivo es promover soluciones alternativas para el desarrollo que respeten los derechos ambientales y permitan la seguridad de los medios de vida de la comunidad.

Aunque cada coparte se enfrenta a retos distintos debido a las diferencias geográficas y a las políticas y leyes locales, todas las organizaciones trabajan para garantizar los derechos de las comunidades marginadas, que en estos casos se ven amenazados por la industria minera. Las organizaciones copartes trabajan, entre otras cosas, en la formación jurídica, la documentación, la sensibilización y la capacitación de las comunidades locales para que actúen en defensa de sus derechos.

Destacamos la importancia del trabajo de estas organizaciones porque es crucial para la realización de los derechos ambientales y territoriales. A pesar de los retos, nuestras copartes han seguido exigiendo la reivindicación de los derechos de las comunidades locales, ya sea su participación en la toma de decisiones, la paralización de proyectos de extracción de minerales o el acceso a las instituciones jurídicas, entre otras muchas iniciativas.