Al igual que ocurre con la crisis climática, los efectos de la violencia contra las personas defensoras de derechos no se sienten igual en todo el mundo. Por segundo año consecutivo, Colombia sigue en la cabeza de los países más peligrosos para defender la tierra y el medio ambiente, reportó la organización internacional Global Witness en 2021.
A pesar de los reiterados ataques, la sociedad civil colombiana continúa en pie por la defensa de los derechos medioambientales. Este es el caso de Puerto Wilches, un lugar al norte de Colombia donde su población se manifiesta en contra del primer piloto de fracking en Colombia.
El fracking es un proceso industrial que rompe las formaciones rocosas en las profundidades subterráneas para extraer combustibles fósiles como el petróleo y el gas metano. A pesar de que las empresas afirman que esta técnica se ha realizado de forma segura durante décadas, estas mismas advierten que el fracking conlleva el riesgo de fugas químicas, derrames, explosiones y otros daños ambientales.
En Puerto Wilches, las organizaciones sociales y ambientales advierten sobre los graves impactos que esta técnica tendría sobre el río Magdalena y los humedales del Complejo Cenagoso del Magdalena Medio. Además, denuncian que estos procesos de licenciamiento por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) han presentado irregularidades.
Rosa Mateus de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) explica que cuando se llega a Puerto Wilches saltan a la vista sus paredes pintadas con manifestaciones en contra de esta práctica. “Lo que sentí en este lugar es que se respira un ambiente contra el fracking porque la gente sabe que esto puede ser nefasto”, expresa Mateus.
La Alianza Colombia Libre de Fracking ha acompañado a la población wilchense por medio de su trabajo de incidencia. Luego de que el gobierno colombiano se pronunciara frente al piloto con la frase “el fracking va”, la Alianza decidió crear la campaña ‘Puerto Wilches manda, #ElFrackingNoVa’, en la que han alcanzado la mirada de más 300 medios de comunicación nacionales e internacionales.
El apoyo que las organizaciones sociales le han brindado a la comunidad wilchense, también se ha desplegado en el litigio estratégico. La coparte CCAJAR, la Corporación Podion y la Alianza Colombia Libre de Fracking han venido realizando un trabajo de representación legal a la Corporación AfroWilches, quienes interpusieron una tutela al Estado colombiano para pedir la suspensión de esta licencia.
En abril de 2022, se conoció la decisión del juez sobre la tutela interpuesta: “se dispone la suspensión de la licencia ambiental del proyecto PPII Kalé otorgada mediante la Resolución No 00648 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto PPII Platero hasta que se desarrolle el proceso de consulta previa con la Corporación AFROWILCHES en todas sus etapas”, se lee en el documento.
"Se dispone la suspensión de la licencia ambiental del proyecto PPII Kalé otorgada mediante la Resolución No 00648 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto PPII Platero hasta que se desarrolle el proceso de consulta previa con la Corporación AFROWILCHES en todas sus etapas” se lee en un documento que expidió un juez sobre el proyecto piloto de fracking en Puerto Wilches.
El ejercicio a la participación de la ciudadanía es una de las acciones que reclaman las organizaciones sociales. Desde la experiencia de litigio con las comunidades, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP) dice que las autoridades ambientales únicamente escuchan a las empresas extranjeras en proyectos extractivos y minero energéticos, mientras se dejan de lado las demandas de la ciudadanía.
San Martín es otro de los lugares donde se planea implementar la técnica de fracking en Colombia. Desde 2016, lideresas y líderes sociales han venido alertando a la comunidad, quienes hasta la fecha se oponen a este proyecto debido a sus enormes riesgos ambientales, de salud pública y de derechos humanos.
En conjunto con la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC), la CCALCP presentó la primera Acción Popular en Colombia por la defensa de los derechos ambientales y colectivos contra el fracking. Dos años después, la ANLA decidió negar la solicitud de licencia a los proyectos comerciales programados en San Martín.
Sin embargo, en 2019 la incertidumbre volvió luego de que el Ministerio de Minas aprobara el marco que regula la implementación de pilotos de investigación para el fracking en Colombia. Un hecho que, según las organizaciones sociales, ha incrementado las amenazas y agresiones contra las personas que defienden al país de estas prácticas.
La CCALCP ha registrado más de 43 incidentes de amenaza y riesgo desde 2016. Según Julia Figueroa, directora de la CCALCP, los ataques sistemáticos que han tenido que afrontar asumen una modalidad específicamente relacionada con el hecho de ser mujeres.
Por su parte, CCAJAR ha reportado que más de 40 líderes y lideresas sociales han sido amenazadas luego de manifestarse públicamente contra el fracking en 2022. “Una de ellas tuvo que salir del país, porque hombres armados llegaron hasta su casa para atentar contra su vida e integridad personal”, se lee en un comunicado.
A pesar del contexto de amenazas contra lideresas y líderes sociales, las comunidades continúan en la lucha por la defensa de los derechos. “Estos procesos judiciales no serían posibles sin que la gente los solicitara. Es desde la gente que salen estas iniciativas y este tipo de acompañamientos. La gente alimenta esta verdad con la que nosotros nos movemos”, agrega Mateus de CCAJAR.
"Es desde la gente que salen estas iniciativas y este tipo de acompañamientos. La gente alimenta esta verdad con la que nosotros nos movemos" Rosa Mateus de CCAJAR
Desde el Fondo Noruego para los Derechos Humanos (FNDH) apoyamos a la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP) y a la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) en su labor de protección de las personas que defienden los derechos, así como el acompañamiento que realizan por la defensa de la tierra y los derechos territoriales en Colombia.
Fotografía de portada: habitantes de Puerto Wilches manifestándose en contra del fracking. Crédito: CCAJAR.