México: personas defensoras en riesgo ante COVID-19

Durante el mes de mayo de 2020, distintas redes y organizaciones defensoras de derechos humanos en México denunciaron la persistencia y el agravamiento de amenazas, hostigamientos, abusos y asesinatos de personas defensoras y periodistas en México, en medio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
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Las organizaciones y redes señalan que a la fecha no ha existido una respuesta adecuada por parte de las autoridades encargadas de garantizar la protección de personas, colectividades y organizaciones defensoras de derechos humanos y el ejercicio periodístico en condiciones seguras.

Por ello llamaron a las autoridades obligadas para coordinarse, impulsar una estrategia a nivel nacional y adoptar las medidas necesarias por gobiernos federal y locales para proteger la vida de personas defensoras y periodistas, en el marco de la emergencia sanitaria, conforme a las recomendaciones de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Los ataques contra defensores de los derechos humanos han aumentado desde marzo

El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), el cual monitorea el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, - un mecanismo oficial creado en 2012 ante el aumento de agresiones - señaló que desde el 15 de marzo, coincidente con la emergencia sanitaria, las cifras oficiales del Mecanismo de Protección han identificado al menos 44 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como el asesinato de dos periodistas y cuatro personas defensoras de derechos humanos.

El Espacio OSC menciona que en 2019 se registró un total de 295 agresiones (en promedio 24.5 agresiones por mes) lo cual implica que en el contexto de crisis sanitaria las agresiones se han duplicado

Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), integrada por 86 organizaciones en 23 estados de México, el 14 de mayo denunció que de cuatro defensores asesinados durante abril y mayo, tiempo de la contingencia por COVID-19, tres de ellos eran defensores de la tierra y el territorio, y dos asesinatos fueron en el propio domicilio de las personas defensoras, lo que evidencia el aumento en la vulnerabilidad ante la crisis sanitaria.

Los cuatro defensores asesinados en el país fueron: Isaac Medardo Herrera, defensor de una reserva natural y representante de los 13 pueblos en defensa del manantial en Morelos; Benito Peralta Arias, líder comunitario de San Jerónimo Amanalco, en Texcoco, Estado de México; Adán Vez Lira, un reconocido ambientalista en Actopan, Veracruz, quien junto comunidad se oponían a proyectos mineros en la región; y Juan Zamarrón, activista en defensa de los bosques en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, quien había denunciado muchas veces la tala clandestina en su zona. Junto con él, fueron asesinados dos miembros de su familia.

La Red TDT señala que los defensores de la tierra y el territorio siguen enfrentando el mayor número de agresiones, y que su riesgo aumentó todavía más en estos tiempos de contingencia, puesto que ante ausencias institucionales existen múltiples ventanas de oportunidad para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos, lo que hace más compleja la defensa de la vida y los derechos humanos. De acuerdo con la organización Front Line Defenders, en 2019 fueron asesinados 24 defensores en México, de los cuales, el 70% eran defensores ambientalistas.

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El 70% de los defensores de los derechos humanos asesinados en 2019 eran defensores del medio ambiente. En la Sierra de Santa Marta, Veracruz, el Centro de Derechos Humanos Bety Cariño se enfrenta a la discriminación y a la inseguridad mientras lucha contra los problemas medioambientales en la región. La organización indígena de derechos humanos lleva el nombre de Bety Cariño Trujillo, una defensora de derechos humanos, que fue asesinada hace diez años (Foto: Mónica Orjuela/NHRF).

Una incertidumbre agravada para las defensoras de los derechos humanos

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Asimismo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), conformada por 279 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, que realizan su labor en 27 estados de la República Mexicana, denunció que las defensoras en México han sumado la incertidumbre social causada por COVID-19 al contexto de violencia en que realizan su labor.

La RNDDHM registró 64 agresiones en marzo, que correspondieron a 5 integrantes de la colectiva, a 9 defensoras de derechos, y a 12 periodistas. Esto significa un aumento respecto a las agresiones en los primeros meses del año, que fueron 59 en febrero, y 31 en enero (ver infografía de la RNDDHM a la derecha).

Las agresiones más frecuentes han sido intimidación y hostigamiento psicológico (32), incitación abierta y pública a la violencia contra la defensora (16), restricción a la libertad de expresión (11), detención ilegal y arresto arbitrario (8), asesinatos (4) e intentos de asesinato (4).

Llamamiento urgente a los gobiernos para tomar medidas

Ante el incremento de los riesgos, las personas y organizaciones defensoras señalan la necesidad de que los gobiernos federal y local garanticen el derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión, y que cesen las agresiones. Asimismo, que el Estado Mexicano se apegue al llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual emitió un llamado a los Estados de América Latina para “proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19”, que complementa la declaración previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH expresó su preocupación debido al asesinato de personas defensoras durante el confinamiento, cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio en sus viviendas, el cual ha sido aprovechado por algunos actores para atentar en su contra. Por ello es particularmente relevante protegerles cuando se encuentran en una situación de mayor riesgo, en virtud de las medidas de excepción que limitan, entre otros, la libertad de circulación.

Así, la CIDH llamó a los Estados de la región a implementar protocolos que permitan que defensoras y defensores realicen su labor a la vez que observan las medidas sanitarias correspondientes, y que faciliten el trabajo y la circulación de las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos que cumplen una función central durante la emergencia de salud pública, con el objeto de informar y monitorear las acciones del Estado.

La CIDH ha destacado también que las personas defensoras de los derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias, y sus actividades de vigilancia, denuncia y difusión, así como el apoyo y la defensa de las víctimas contribuyen de manera especial al respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas en las Américas - una labor fundamental en el actual contexto de pandemia del COVID-19.

The NHRF invites different actors within the human rights field to contribute on this blog. The opinions expressed here are those of the authors.