Apoyo al trabajo contra la impunidad y para el acceso a la justicia

La impunidad y la falta de rendición de cuentas continúan siendo un gran problema en Indonesia. A la fecha prevalece una cultura de silencio en torno a las atrocidades sucedidas entre 1965-1966, periodo en el que fueron asesinadas entre 500,000 y un millón de personas, y cientos de miles más fueron encarceladas sin un juicio de por medio.

El FNDH ha apoyado a organizaciones de víctimas de atrocidades pasadas y crímenes relacionados con estas. La organización Solidaridad para las víctimas de violaciones de derechos humanos Central Sulawesi (SKP-HAM) trabaja con comunidades de víctimas de la violencia de 1965, defendiendo sus derechos y facilitando su acceso a servicios básicos. El apoyo a este grupo ha sido vital después del terremoto ocurrido en Palu en 2018 y tras el brote de COVID-19 en curso. La Comisión de Sumatra del Norte para las Personas Desaparecidas y Víctimas de la Violencia (KontraS) trabaja en la lucha contra la tortura y las desapariciones forzadas en Sumatra. En 2020, esta organización impartió capacitación a más de 100 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la prevención de la tortura; brindaron asistencia legal a 50 víctimas de tortura y violencia, y establecieron una red contra la tortura para periodistas en Sumatra.

Durante los últimos tres años, el FNDH ha apoyado a la Asociación Indonesia de Familias de Desaparecidos (IKOHI) en su trabajo para localizar a los niños desaparecidos tras el conflicto en Timor Oriental. IKOHI no solo trabaja para identificar y reunir a los niños que fueron sustraídos forzadamente por parte de las fuerzas de ocupación indonesias durante el conflicto, sino que también son un elemento clave para impulsar una comisión nacional para las personas desaparecidas que se ocupe de proporcionar reparación y justicia para estos niños que fueron robados.

Corporación Conciudadanía, Antioquia, trabaja en estrecha colaboración con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), que forma parte del sistema de justicia transicional colombiano, para documentar las atrocidades cometidas durante el conflicto armado e impulsar el reconocimiento de las víctimas. Hasta el momento, han establecido acuerdos con nueve alcaldías y han acompañado la elaboración de tres informes que ayudarán a comprender mejor lo sucedido durante el conflicto. El Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP) tiene como objetivo fortalecer la exigibilidad de los derechos humanos, políticos, ambientales, así como la justicia y la construcción de paz. Junto con grupos de víctimas, asociaciones de agricultores y organizaciones de base de derechos humanos, trabajan para garantizar que las violaciones de derechos humanos del pasado no se repitan. Para ello desarrollan litigios estratégicos, incidencia, fortalecimiento organizativo, sensibilización y apoyo a organizaciones de base y colectivos, incluidos grupos de víctimas.

El Centro Legal y para los Derechos Humanos (Law and Human Rights Center) brindó asistencia legal trascendental a familias de personas desaparecidas para poder cerrar brechas críticas con el fin de asegurar el apoyo y las reparaciones que requieren para avanzar en la realidad posconflicto. Este es un trabajo muy sensible que conlleva riesgos, especialmente para los abogados y otros activistas que apoyan y defienden los derechos de estas familias.

Foto principal: Niños desaparecidos reunidos con sus familias en Timor Oriental. Foto: Asociación Indonesia de Familias de Desaparecidos (IKOHI).