Esto incluye evidentemente la inversión en nuevos proyectos de energías renovables. Pero el debate no debería terminar aquí: como en todos los proyectos de desarrollo, los intereses económicos y políticos de poderosas empresas multinacionales, inversores y gobiernos entran en juego cuando se toman decisiones sobre proyectos de energías renovables. Esto da lugar a posibles conflictos con los defensores locales de los derechos humanos y del medio ambiente, que han planteado constantes denuncias contra la gestión de los megaproyectos, defendiendo así su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones que afectan sus territorios y los recursos naturales locales. Estos individuos se enfrentan con demasiada frecuencia a situaciones precarias: Los defensores de los derechos humanos y ambientales han reportado experiencias negativas que van desde la estigmatización hasta amenazas y ataques físicos, incluyendo el asesinato.
La defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en Unión Hidalgo, Oaxaca, México
Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), se registraron 18 asesinatos y 65 agresiones a defensores de derechos humanos en México durante el año 2020, siendo así el año con más agresiones contra los defensores de los derechos humanos en la actual administración gubernamental y demostrando una tendencia creciente.
Algunos de estos ataques han ocurrido en la localidad de Unión Hidalgo, donde se han instalado parques eólicos desde 2012. Los habitantes de la comunidad de Unión Hidalgo afirman que los productores multinacionales de energía eólica y el gobierno mexicano han violado sus derechos humanos como grupo indígena. Asumen grandes riesgos para exigir su derecho a participar en las decisiones sobre sus tierras comunales, protegiendo así el medio ambiente local. Ubicado en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, Unión Hidalgo es un lugar estratégico para la producción de energía eólica. Actualmente, la empresa Électricité de France (EDF) está trabajando en la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú y para ello está llevando a cabo una consulta a la comunidad indígena zapoteca local.
Sin embargo, algunos miembros de esta comunidad afirman que no se les ha consultado adecuadamente. Por ello, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales han apoyado a la comunidad durante su proceso de exigencia del derecho a la consulta, como el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Derechos Humanos (ECCHR), ProDESC y la organización concesionaria del FNDH, Código DH. En su documento de política, el ECCHR explica que, aunque parte de la tierra en Unión Hidalgo es administrada por la comunidad, la asamblea comunitaria no había recibido suficiente información sobre las consecuencias del proyecto antes de que se firmaran los contratos entre EDF y el gobierno de Oaxaca en 2017.
Ve este video sobre Gabriel Sánchez, quién está comprometido a defender la tierra y el territorio comunitario en Unión Hidalgo:
“Ellos están viendo el derecho de la consulta como un mero trámite, palomear el derecho de consulta para luego instalar el parque. No lo están viendo como una necesidad de una comunidad de poder opinar, de poder decidir, de dialogar y de poder proponer.” Gabriel Sánchez, defensor de los derechos humanos y del medio ambiente de Unión Hidalgo
Debido a las protestas de la población local, el Juzgado de Primera Instancia de Oaxaca suspendió la consulta en 2018. Como el proceso de consulta seguía sin implementarse adecuadamente, en octubre de 2020 la población afectada, en colaboración con ECCHR y ProDESC, presentó una demanda civil en Francia contra EDF. Durante este proceso, las y los activistas locales han sufrido una estigmatización pública, así como amenazas directas a su integridad física.
La ECCHR concluye que no se ha respetado el derecho de las comunidades a un consentimiento libre, previo e informado, tal y como establece el derecho internacional de los derechos humanos, y que el estado mexicano ha fallado en garantizarlo. Y debido a que han surgido conflictos internos que van acompañados de continuas amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos, las organizaciones acompañantes informan sobre la persistencia de un estado general de violencia en la comunidad.
“Es energía limpia para quien la recibe, pero no para quienes la padecemos” Amelia Villalobos, defensora del medio ambiente de Unión Hidalgo
La diversidad de perspectivas sobre el Desarrollo Sostenible
En gran parte de los debates públicos, el término desarrollo sostenible se asocia con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, está fuertemente vinculado a un aumento de la producción de energías renovables.
El hecho de que se ejerce la violencia, la estigmatización y el abuso de poder para silenciar a las personas y comunidades que se atreven a manifestarse en contra de los proyectos de energías renovables es evidente en el caso de Unión Hidalgo. Lamentablemente, no es el único ejemplo. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos analizó el sector de energías renovables e informó de 197 denuncias de abusos contra los derechos humanos desde 2010.
Una de las percepciones personales que resultó a partir de una investigación y conversaciones con defensores de Unión Hidalgo para una investigación académica sobre este tema, fue que el mayor descontento de los defensores es la forma en que se gestionan los parques eólicos. El sentimiento de que sus propios conocimientos y opiniones no son tomados en serio es predominante. Por lo tanto, es esencial abrir el debate sobre las energías renovables en Unión Hidalgo y en otros contextos para permitir consideraciones sobre las consecuencias sociales y medioambientales de estos proyectos, así como las condiciones estructurales y las relaciones de poder que subyacen e influyen en estos contextos.
Además de responsabilizar a las empresas y a los gobiernos por las violaciones de los derechos humanos que se derivan de las actividades económicas, es necesario incluir en los procesos de toma de decisiones las opiniones sobre lo que significa el desarrollo sostenible para las comunidades locales. Sus conocimientos son importantes para comprender los retos medioambientales locales, la protección de la biodiversidad y, por tanto, deben formar parte de la solución para mitigar el cambio climático y de lo que comúnmente se entiende por desarrollo sostenible.
“Pensamos que con el dinero podemos comprar todo. Pero si tenemos mucho dinero, pero no hay aire puro que respiremos, no hay tierra sana donde cultivemos, no hay agua limpia y pura que tomemos, ni hay peces que comamos, ¿a dónde vamos a ir?” Rosalva Fuentes Martínez, defensora del medio ambiente de Unión Hidalgo
Los habitantes locales que defienden sus derechos humanos y el medio ambiente son actores clave y con frecuencia los únicos que protegen los ecosistemas que están siendo destruidos y donde hay poca resistencia a los poderosos intereses económicos y políticos en juego. La mayoría de ellos no lo hacen por elección, sino porque ellos y sus comunidades dependen de la conservación del medio ambiente para sostener su estilo de vida y su identidad, viéndose así obligados a exponerse a situaciones peligrosas e incluso a pagar con su vida. Finalmente, el disfrute de un medio ambiente sano de todos nosotros y de las generaciones futuras depende de su trabajo. No solo por ello, las injusticias a las que se enfrentan deben ser descubiertas y remediadas.
El FNDH invita a diferentes actores del campo de los derechos humanos a contribuir en este blog. Las opiniones expresadas aquí son las de los autores.
Todos los videos realizados por Código DH, incluyendo la foto principal.