La desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos reconocida en varios instrumentos internacionales, entre ellos, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este crimen ha sido utilizado en contextos de conflicto armado, represión y migración, como una estrategia para generar terror e imponer control en una población. Aunque existe gran dificultad para dimensionar la atrocidad de la desaparición forzada, se estima que cientos de miles de personas han desaparecido forzosamente durante conflictos o represiones en al menos 85 países.
En Latinoamérica, Colombia y México son los países con el mayor número de víctimas de este crimen, cuya cuantificación a menudo requiere tanto información de la sociedad civil como de registros institucionales. En Colombia, la sociedad civil y el análisis de diversas fuentes estiman que existen más de 210.000 personas desaparecidas forzosamente. Por su parte, en México se han registrado casi 110.964 denuncias por este crimen en la Comisión Nacional de Búsqueda. El número de personas desaparecidas en estos dos países priorizados por el Fondo Noruego para los Derechos Humanos (FNDH) supera las víctimas de este crimen en Ucrania y Gaza.
Paz sin víctimas de desaparición forzada en Colombia
El escenario de transición del Acuerdo Final de Paz (AFP) entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, creó el Sistema Integral para la Paz (SIP), en el que las víctimas de desaparición forzada y sus familiares esperan contar con garantías para aliviar su sufrimiento al acceder a mecanismos para la búsqueda y la justicia. El SIP cuenta con mecanismos extrajudiciales, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV); y un mecanismo judicial como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Algunos países latinoamericanos han dirigido sus esfuerzos para abordar la tragedia de la desaparición. En Colombia, estos esfuerzos han sido fuertemente promovidos por la sociedad civil colombiana, y asimismo acompañados por Noruega en su objetivo estratégico de contribuir a una paz estable y duradera, continuando así su trabajo como un país garante en el seguimiento del Acuerdo Final de Paz (AFP) y su compromiso activo por la defensa de los derechos humanos.
Desde 2016, con la firma del AFP, las organizaciones sociales colombianas, en especial familiares de personas desaparecidas, han trabajado en posicionar en la agenda pública la magnitud de la desaparición forzada y han exigido los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Su labor de documentación y movilización por el reconocimiento y sanción de responsables ha promovido la transformación hacia una cultura de paz para la no repetición de los hechos de violencia, en reconocimiento de la importancia de la búsqueda de personas desaparecidas.
La incidencia y movilización de la sociedad civil colombiana en el último año permitió incorporar disposiciones en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 para consolidar el Sistema Nacional de Búsqueda e impulsar la creación de una política pública sobre desaparición forzada donde las instituciones competentes garanticen los derechos de las víctimas. Dichos esfuerzos se coordinan con la exigencia de crear una política pública para la intervención de cementerios, donde las organizaciones buscadoras identificaron la existencia de cuerpos de víctimas de desaparición forzada que se dispusieron sin identificar o identificados sin que sus familias fueran informadas de su paradero.
Igualmente, grandes esfuerzos para proponer una Ley Integral sobre derechos de las Mujeres Buscadoras y su reconocimiento como constructoras de paz, fue impulsada y aprobada en el Congreso de la República por parte de organizaciones de familiares de personas desaparecidas. La Ley dispone de propuestas para la garantía de derechos de las mujeres que buscan a sus familiares, en clave de reparar las vulneraciones sufridas y prevenir nuevas violencias. Además, las disposiciones recogen parte de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre víctimas de desaparición forzada.
Infortunadamente en Colombia, tras la firma del AFP siguen ocurriendo desapariciones forzadas en el marco de escenarios de protesta social o conflicto armado. Asimismo, el reclutamiento forzado, el secuestro y las muertes en combates aumentan cada día el número de personas desaparecidas y mantienen la vigencia de exigir mayores esfuerzos en la prevención de la desaparición forzada y en la reparación a las víctimas.
Semana Internacional de las personas detenidas y desaparecidas forzosamente, una oportunidad para visibilizar los esfuerzos de la sociedad civil
Desde 1981, la iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) rinde homenaje cada última semana de mayo a las víctimas de este crimen, exigiendo además la satisfacción de sus derechos y los de sus familiares. Desde 2010 en Colombia, la Ley 1408 promovida por organizaciones de familiares instaura esta misma fecha conmemorativa para adicionalmente adoptar medidas de localización e identificación y brindar asistencia a familiares en procesos de entrega de personas desaparecidas encontradas sin vida.
Desde el FNDH nos unimos a la conmemoración de la Semana Internacional de las personas detenidas y desaparecidas forzosamente y reconocemos la labor de nuestras organizaciones copartes (FNEB, REGIÓN, COFB, CCAJAR, DHCOLOMBIA, EQUITAS, MOVICE, CREDHOS, REENCUENTROS, CIJP, NARRAR PARA VIVIR) que día a día alzan la voz por más de 210.000 víctimas de desaparición forzada.
Adicionalmente, creemos que sus lemas para la sensibilización sobre la desaparición forzada: “la búsqueda no debe ser solitaria, sino solidaria”, “Todas las personas merecen ser buscadas” y “Nada justifica la desaparición forzada” deben llegar hasta la opinión pública y a la comunidad internacional.
En el FNDH seguimos comprometidas en apoyar los esfuerzos de la sociedad civil en Colombia para la implementación del AFP y la construcción de una paz sin personas desaparecidas. Así mismo, resalta la importancia de apoyar la reparación a las víctimas y la no repetición de la violencia, así como las alternativas humanitarias para poner fin al conflicto con diversos actores armados, permitiendo a su vez aliviar el sufrimiento de la población víctima de graves violaciones a los derechos humanos por desapariciones ocurridas posterior a la firma del AFP.
Portada: Evento conmemorativo del COFB y organizaciones de víctimas de desaparición forzada. Crédito: FNDH