La defensa y protección de la vida, los territorios, la naturaleza y los derechos humanos como respuesta a la crisis climática

El año pasado fue el más cálido registrado, los indicadores del cambio climático alcanzaron niveles sin precedentes. A pesar de ser las poblaciones más afectadas por sus impactos, los pueblos étnicos y las comunidades locales brindan propuestas a este fenómeno.

Durante lo corrido del 2024 hemos presenciado el impacto de incendios forestales, la deforestación, altas temperaturas, fuertes lluvias en algunas regiones y sequias extremas en otras, con graves afectaciones en Colombia y otros territorios de América Latina, lo cual pone de presente la apremiante necesidad de priorizar estrategias y medidas para enfrentar los impactos del cambio climático.

Precisamente, desde el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre se está llevando a cabo la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad - COP16 en la ciudad de Cali, cuyo lema principal es “Paz con la Naturaleza”, y a la cual se han referido como “la COP de la gente”. Sin duda ha generado gran expectativa sobre el protagonismo que pueden tener pueblos étnicos, comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil en la definición de acuerdos sobre la conservación y el cuidado de la biodiversidad, variable fundamental para mitigar el cambio climático.

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – COP28 se reconoció un lento avance en todos los ámbitos de la acción climática, en perspectiva del cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, y se tomó la decisión de acelerar la puesta en marcha de estrategias de aquí a 2030 para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1.5 °C con respecto a los niveles preindustriales. Una transición rápida, justa y equitativa a energías renovables y la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos ocupó un lugar central en el debate y los acuerdos derivados (UNFCCC).

En el día internacional contra el cambio climático desde el Fondo Noruego para los Derechos Humanos – FNDH visibilizamos lecturas y voces críticas de algunas de las comunidades locales, pueblos étnicos y organizaciones de la sociedad civil colombiana que hemos venido apoyando, así como sus apuestas, iniciativas y propuestas frente a este fenómeno, al cual prefieren referirse como emergencia o crisis climática, por la gravedad de sus impactos, la complejidad de sus causas y la urgencia de las acciones de mitigación y adaptación a implementar.

¿Cuál es la relación entre deforestación y crisis climática en Colombia?

La mayor contribución de Colombia en términos de emisión de GEI se da mediante la deforestación, cuyos principales motores corresponden a la apropiación de baldíos, la ganadería extensiva, la construcción de vías irregulares, la minería ilegal y la siembra de cultivos de uso ilícito (CCAP & FCDS, 2023). Como parte de las estrategias para enfrentar esta problemática, se ha incentivado la implementación de proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) a través de los cuales se ha viabilizado un mercado voluntario de bonos de carbono, aún no regulado por el Estado.

El impacto efectivo de estos proyectos en términos de reducción de tasas de deforestación, la conservación de los bosques y su contribución a la mitigación del cambio climático ha sido relativizado y cuestionado por diversas organizaciones y voces expertas. Así lo señala el estudio realizado por el socio estratégico del FNDH la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible -FCDS y el Center for Clean Air Policy (2023), Comportamiento de la deforestación en proyectos REDD+ en Colombia. Este estudio hace parte del ejercicio investigativo de FCDS y no representa un producto realizado en el marco del convenio de cooperación con el FNDH.

Por su parte, la organización coparte del FNDH, el Centro de Alternativas al Desarrollo - CEALDES ha llamado la atención sobre el proceso de privatización de las funciones climáticas de los bosques (su capacidad de captura y almacenamiento de dióxido de carbono) inmerso en este mecanismo, el cual no propone una transformación de fondo del modelo económico que ha generado la actual crisis ambiental y tiene un gran potencial de profundizar condiciones de desigualdad en los territorios.

Algunas de estas relacionadas con aspectos como: negociaciones desequilibradas y poco informadas; nuevas tensiones en territorios con presencia de grupos armados; irregularidades e indicios de corrupción, fraude y evasión de impuestos; conflictos comunitarios internos; y la violación de derechos de comunidades étnicas y campesinas.

A propósito de esto, la Corte Constitucional de Colombia reconoció la vulneración de derechos de los pueblos indígenas por parte de un proyecto REDD+, en respuesta a la tutela presentada por el Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales del Río Pirá Paraná – ACAIPI, mediante la Sentencia T-248 de 2024. En este momento se está a la expectativa de la regulación y reglamentación de los mercados de carbono por parte del gobierno nacional, con miras a mejorar su alcance e implementación.

Simultáneamente, se ha podido evidenciar el efecto positivo de la titulación colectiva y las estrategias de gobernanza ambiental y territorial de comunidades indígenas y afrocolombianas en la conservación y el control de la deforestación (CCAP & FCDS, 2023), así como de las Zonas de Reserva Campesina dice la CIJP, los Territorios Campesinos Agroalimentarios, entre otras propuestas de territorialidades campesinas.

De manera general, entendemos la gobernanza ambiental y territorial como el conjunto de procesos, mecanismos y organizaciones a través de las cuales distintos actores (Estado, comunidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil) influyen en la toma de decisiones, su implementación, las acciones y los resultados relacionados con la protección, el uso y la gestión sostenible de la naturaleza y los territorios. Implica la garantía de derechos de las partes interesadas y el cumplimiento de los postulados de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental.

En el marco de la apuesta de la cooperación de Noruega de apoyar las metas de reducción de emisiones de GEI, las estrategias de adaptación y mitigación, la protección de la biodiversidad, el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el mejoramiento de políticas de uso y tenencia de la tierra, y la protección de derechos étnicos, a continuación destacamos algunos ejemplos de organizaciones copartes en Colombia que han impulsado diversas acciones y propuestas con el apoyo del FNDH.

Iniciativas y propuestas de los pueblos étnicos frente a la crisis climática

En territorio de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta) el Resguardo Indígena Kankuamo avanza en un proceso de identificación de áreas, zonas y espacios potenciales para la conservación del Bosque Seco Tropical (uno de los más degradados, fragmentados y amenazados en el país) de la cuenca alta y media del río Seco, y en la definición de acciones de restauración y de monitoreo de fauna en perspectiva de hacer un manejo sostenible de este ecosistema. Esto enmarcado en una apuesta integral de ordenamiento ambiental y territorial (de planeación y organización social de las relaciones y usos de y con la naturaleza y el territorio), que tiene en su base los principios ancestrales y los mandatos como pueblo indígena, entre los cuales la dimensión espiritual es fundamental.

Desde esta perspectiva el bosque no representa un ecosistema aislado, sino parte esencial de un territorio colectivo, afectado históricamente por el conflicto armado, así como por el impacto ambiental de diversas actividades extractivas.

De este modo, estas iniciativas también implican un ejercicio de saneamiento y compensación espiritual por las afectaciones generadas a la naturaleza, el territorio y sus comunidades.

Sibelis Villazón es la coordinadora de la Comisión de Mujeres y Familias del Pueblo Indígena Kankuamo, y hace parte del grupo de mujeres que realizan acciones de protección y conservación del bosque seco tropical. En el siguiente video te invitamos a conocer su historia y experiencia:

De manera similar, la Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente de trabajo por el Pueblo Cofán y cabildos indígenas pertenecientes a los Pueblos Awá, Nasa, Kichwa y Embera Chamí del municipio Valle del Guamuez y San Miguel – AMPII CANKE ha planteado el fortalecimiento de la guardia ambiental indígena desde un enfoque de gobernanza ambiental para la conservación, cuidado y la protección del territorio ancestral.

En esta apuesta el proceso formativo de quienes integran la guardia indígena sobre temas de contextualización histórica, derechos humanos, normatividad nacional e internacional, participación e incidencia ha ocupado un papel central. Así como el avance de diálogos interculturales con comunidades campesinas y afrodescendientes en los territorios.

“Es mucha contaminación que ya tiene el Atrato. Tomemos conciencia mi gente y démosle otro trato” (Guardiana del río en una copla)

Como parte de un ejercicio de gobernanza ambiental y territorial, también es relevante destacar los grandes esfuerzos de incidencia y participación ambiental realizados por el Cuerpo Colegiado de Guardianes y Guardianas del Río Atrato, con el apoyo y acompañamiento del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, para garantizar la implementación de la Sentencia T-622 de 2016, la cual representa un precedente jurídico importante en Colombia en términos del reconocimiento de un río como sujeto de derechos y la adopción de categorías como los derechos bioculturales.

Este proceso propone un cambio de paradigma que se distancia de un enfoque antropocéntrico (el cual sitúa al ser humano y sus intereses en el centro de las prioridades) y, por el contrario, promueve y evidencia la relación profunda e interdependiente entre el río, la naturaleza y las comunidades que habitan en su cuenca.

A través del apoyo al Foro Interétnico Solidaridad Chocó - FISCH ha sido posible dar impulso a estos esfuerzos, así como fortalecer un proceso pedagógico y de articulación de jóvenes Guardianes y Guardianas del Río Atrato para garantizar la sostenibilidad de esta larga lucha de defensa del río, el territorio y los derechos de sus comunidades.

Conoce más sobre los logros y complejidades de proteger los derechos del río y de las comunidades que dependen de él en el siguiente documental:

Afectaciones diferenciadas de la crisis climática a las mujeres

Los impactos de la crisis climática afectan de manera diferenciada a territorios y poblaciones, y entre estas es importante reconocer las afectaciones diferenciadas a las mujeres rurales, derivadas de su relación con la naturaleza y las tareas de cuidado asumidas al interior de sus comunidades, organizaciones y territorios. Con el fin de profundizar en el conocimiento sobre las dinámicas que dan origen a la crisis climática y fortalecer estrategias de resiliencia ante los desafíos que plantea, varias organizaciones han implementado propuestas educativas y formativas.

Uno de los ejemplos corresponde a la escuela ambiental dirigida a lideresas y jóvenes de asociaciones campesinas de la región de Santurbán en Santander, promovida por la Corporación Buen Ambiente – Corambiente. Algunas de las prácticas y estrategias desarrolladas incluyen cocinas ecoeficientes, composteras, biodigestores, sistemas de riego, abonos orgánicos, pozos sépticos, techos productivos y cosecha de agua de lluvia, las cuales promueven la producción local y sostenible de alimentos, mejoran la salud del suelo y las condiciones de vida de las familias campesinas, reducen costos y aumentan la resiliencia de las comunidades.

Así mismo, las Tejedoras de Vida del Putumayo han desarrollado un diplomado en estrategias pedagógicas para la mitigación y adaptación al cambio y variabilidad climática con enfoque de género y derechos con 80 lideresas, y adicionalmente se han construido o fortalecido 13 planes de acción ambiental en diferentes regiones del departamento.

Por su lado, la Corporación de Mujeres Ecofeministas – Comunitar ha impulsado una Escuela de Procuradoras Ambientales en la cual se han abordado las diversas consecuencias ambientales y los efectos del conflicto armado que se ven exacerbados por el cambio climático en el departamento del Cauca, así como un enfoque de autocuidado en defensa de la biodiversidad y para enfrentar las violaciones a sus derechos derivadas de estas situaciones.

Los desafíos de la transición energética

En cuanto a la transición energética, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos – CIEDH ha alertado sobre los abusos contra los derechos humanos en relación con la extracción de minerales de transición a nivel global. Para el año 2022 se registraron 306 casos de vulneración de derechos en la región de América Latina y el Caribe relacionados con el sector de energía renovable que afectaron a personas defensoras del ambiente y el territorio.

Uno de los casos en Colombia corresponde a las afectaciones generadas a los indígenas Wayuu por el avance de la instalación de proyectos eólicos en La Guajira; el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – Indepaz documenta las distintas conflictividades en la publicación Por el mar y la tierra guajiros, vuela el viento Wayuu.

Juana Velásquez es jefa clanil del pueblo indígena Wayuu. En el siguiente video te invitamos a conocer cuáles han sido los logros y obstáculos en la protección y conservación del territorio ancestral de acuerdo con sus usos y costumbres:

Ante este escenario y en reconocimiento de la necesaria centralidad que debe ocupar un enfoque de derechos humanos, desde el FNDH celebramos que el pasado 20 de agosto comunidades locales, pueblos étnicos y organizaciones de la sociedad civil entregaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH la Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática, la cual insta a la Corte IDH a adoptar estándares mínimos de protección de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática, recogidos durante el periodo de audiencias públicas de la Opinión Consultiva sobre el tema, con el fin de establecer un marco interpretativo que aclare las obligaciones estatales y las responsabilidades empresariales de acuerdo con las normas relevantes.

Los casos mencionados anteriormente dan cuenta de los grandes esfuerzos y la diversidad de acciones que comunidades locales, pueblos étnicos y organizaciones sociales están impulsando a nivel local, regional, nacional e internacional para enfrentar los desafíos de la crisis climática. Representan aportes fundamentales al cuidado y protección de los bosques y la biodiversidad, la construcción de diálogos interculturales, el fortalecimiento de capacidades y conocimientos sobre sostenibilidad ambiental, y propuestas de mejora para el desarrollo de actividades agrícolas y productivas. Así mismo, develan la necesidad de un cambio de paradigmas, de los modos de producción y consumo, de perspectivas y prácticas que trasciendan la mercantilización de la naturaleza y den lugar a otras formas de entender, sentir y relacionarse a nivel social y con la naturaleza. Y ponen de presente una vez más la relevancia de los saberes y propuestas de los pueblos étnicos, las comunidades campesinas y muchas organizaciones sociales en el país, en términos de estrategias de mitigación, adaptación y resiliencia; son guardianes y guardianas de la vida, la naturaleza, los territorios y los derechos humanos, a pesar de que esta labor les ponga constantemente en riesgo y amenaza.

Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil apoyadas por el FNDH, es claro que en Colombia enfrentar la crisis climática implica asumir un fuerte compromiso con la construcción de paz territorial, avanzar en la implementación del Acuerdo Final de Paz, asegurar la transversalidad del enfoque de derechos humanos en su abordaje, la articulación de políticas públicas y la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, entre otros esfuerzos importantes. La correspondencia por parte de los Estados, corporaciones y actores con mayor responsabilidad en la contribución a la crisis climática actual es fundamental, en cumplimiento de los acuerdos internacionales, y en coherencia con una justicia climática, la cual está íntimamente ligada a una justicia social y ambiental.

Esperamos que la COP16 sea una oportunidad para abordar la protección y conservación de la biodiversidad de forma integral, desde las visiones de los pueblos étnicos y las comunidades locales, así como para priorizar la protección de las y los defensores ambientales. De manera que con base en ello se puedan definir planes de acción concretos pero ambiciosos que cuenten con la voluntad política necesaria para garantizar su cumplimiento, y así poder salvaguardar la vida en el planeta.

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Fotografía 1. Visita al Resguardo Indígena La María, en San José del Guaviare. Crédito: FNDH Germán Barrera

Fotografía 2. Visita a una de las áreas deforestadas en San José del Guaviare. Crédito: FNDH Germán Barrera

Fotografía 3. Acompañamiento al Resguardo Indígena Kankuamo en sus recorridos de identificación del territorio. Crédito: FNDH Marcela Ruiz

Fotografía 4. Guardianes del Territorio de la Asociación AMPII CANKE en recorridos territoriales en cuatro comunidades Villanueva (Cofán), Kiwe Use’ y Tierra Linda (Nasa), Resguardo San Marcelino (Kichwa). Crédito: Asociación AMPII CANKE

Fotografía 5. Guardianes del río Atrato en el Atrato Fest. Crédito: FNDH Marcela Ruiz

Fotografía 6. Intercambio de saberes con mujeres campesinas. Crédito: CORAMBIENTE

Fotografía 7. Guardianas del Agua fortaleciendo sus capacidades sobre el Acuerdo de Escazú. Crédito: Tejedoras de Vida del Putumayo

Fotografía 8. Acompañamiento psicoterapéutico colectivo a mujeres del Cauca para la consolidación de territorios en paz, con justicia social y equidad de género. Crédito: COMUNITAR

Fotografía 9. Parques eólicos en La Guajira. Crédito: FNDH

Gobernanza ambiental y territorial

Organizaciones copartes firmantes la Declaración

Copartes como la Organización Indígena Kankuama, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR y el socio estratégico Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia son firmantes de la Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática. Tanto CIEDH como Dejusticia compartieron observaciones a la Corte IDH en calidad de amicus curiae.