Comunidades del norte, centro, sur y el pacífico caucano de Colombia expresan preocupación por el incremento del conflicto armado en estas zonas del país. Según el reciente informe, ‘Misión Cauca 2021’, la presencia y disputa de territorios por actores armados al margen de la ley y delincuencia organizada continúan afectando la vida y dignidad de las poblaciones y las personas defensoras de derechos humanos.

Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, se ha venido observando un aumento de violencia hacia aquellas personas y colectivos que luchan por la defensa del territorio, el medio ambiente, los derechos humanos y la paz en esta zona del país. En el informe se muestra que los niveles más altos de violencia provienen de aquellas regiones que cuentan con una fuerte presencia militar por parte del Estado, donde además se agudizan las economías ilegales.

Garantizar la vida y la labor de los liderazgos sociales es uno de los llamamientos que se hacen en el informe. Se pide al gobierno colombiano que proteja y preserve este derecho fundamental, especialmente para aquellas personas que están en mayor riesgo: mujeres, jóvenes, autoridades indígenas y afrocolombianas, y firmantes del acuerdo de paz.

Por otra parte, el reclutamiento de niños, niñas y personas jóvenes por parte de actores armados es un hecho que también preocupa a las comunidades. Esta tendencia se ha venido incrementando debido a los confinamientos por el COVID-19, los cuales generaron el cierre de las escuelas y, por temas de acceso y conectividad, las estudiantes tuvieron una baja participación en la educación virtual.

Ante esta situación, en el informe se pide al gobierno colombiano declarar una alerta humanitaria del reclutamiento NNAJ, trabajar en una ruta de prevención concertada con organizaciones del territorio y construir una mesa de trabajo en el departamento del Cauca.

Pero el reclutamiento hacia menores no ha sido la única tendencia. Las personas jóvenes de esta zona del país también han sido víctimas de la estigmatización social y del perseguimiento por parte del Estado colombiano. El informe alerta que quienes participaron en las movilizaciones del paro nacional, durante abril y junio, actualmente se encuentran en medio de procesos judiciales y en alto riesgo.

Ante estos hechos, se pide al país garantizar el derecho legítimo a la reunión y manifestación pública. Y que, por tanto, detengan las judicializaciones y detenciones arbitrarias y el abuso de la fuerza pública.

La implementación del acuerdo de paz también ha preocupado a las organizaciones y embajadas que participaron en la elaboración de este documento. Indican que la ejecución por parte del país ha sido muy baja y por ello piden a la comunidad internacional exigir y dar seguimiento al país mediante misiones permanentes a los territorios y el pronunciamiento sobre la difícil situación humanitaria y de derechos humanos.

Como integrante del Espacio de Cooperación para la Paz, desde el Fondo Noruego para los Derechos Humanos apoyamos las recomendaciones en el informe para el gobierno colombiano y la comunidad internacional. La situación de violencia que están enfrentando las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos debe parar.

Crédito de la portada: Espacio de Cooperación para la Paz