La violencia sobre personas defensoras en Colombia no cesa

Según varios informes de Naciones Unidas y organizaciones colombianas, la escalada de violencia continua en un año clave con unas elecciones en el horizonte.

Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en el informe sobre la situación de personas defensoras que presentó a principios de marzo, explicó que entre 2015 y 2019, América Latina y el Caribe registraron “constantemente” el mayor número de personas defensoras asesinadas, 933 asesinatos. En 2021, esta cifra asciende a 52 a los que hay que sumar 16 excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, según la última actualización publicada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (INDEPAZ), con sede en Colombia. Ya son 1.166 personas asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

El 2020 no significó un cambio de tendencia sino que la violencia siguió recrudeciéndose. En base al informe anual que publicó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en Colombia, su equipo documentó 76 masacres y 292 muertes de personas defensores de derechos humanos. Por su parte, algunas organizaciones de la sociedad civil piensan que esta cifra pudo ser aún mayor. Una de ellas es INDEPAZ que recoge a diario información directa de las organizaciones sociales y otras fuentes que están en todas las regiones del país. Según estos datos, la cifra sería de 91 masacres, lo que equivale a que 381 personas perdieron la vida por defender derechos humanos en 2020.

Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y conflictividades de INDEPAZ, confirma esta constante que están observando durante los primeros meses de este año. “La tendencia no cambia al ser otro año sino que sigue y con unos riesgos como el electoral”, afirma.

Y es que, este 2021 es especial porque hay una cita electoral lo que hace que haya un control por el poder que se traduce en mayor violencia. “Este año viene una elección de Juntas de Acción Comunal que fue postergada por la pandemia, y estas son muy importantes porque estos líderes han sido los que más han asesinado porque ellos están cerca de las conflictividades territoriales, que permanecen como por la minería, de narcotráfico”, dice. Las elecciones suponen un evento clave porque representa unas cuota de poder que si bien no es deseado por sicarios sí que es importante para grupos armados para posicionar su control por el narcotráfico, por ejemplo.

“La tendencia no cambia al ser otro año sino que sigue y con unos riesgos como el electoral” Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y conflictividades de INDEPAZ

El gobierno colombiano decidió en febrero cambiar la forma de contabilizar estos homicidios. Muchas organizaciones colombianas piensan que esto podría ser un obstáculo para conocer la cifra real de víctimas mortales. Según González, esto es algo que ya se hacía porque el Estado recopila los datos de diferentes instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil pero el problema es quién es el responsable de decidir que esa persona fue asesinado por sus ideas políticas o no. “El Gobierno tiene las cifras pero tiene unos criterios para escoger unos líderes y otros no. Entonces acá lo criticable es como la Defensoría del Pueblo [institución colombiana] puede estar perdiendo mucha importancia al publicar cifras”, dice. Y añade que tiene que haber un criterio común para este tipo de casos: “Lo que pedimos es que cuando se asesine a un defensor, la primera línea de investigación que tome la Fiscalía tenga en cuenta su carácter de defensor. Muchas veces los grupos armados tienen la intención de mostrar que [el homicidio] fue por un tema personal”.

Por último, subraya la necesidad de contar con la presencia de la comunidad internacional en este momento más que nunca. “Es importante para ejercer presión al Gobierno y los entes encargados de la política pública que garanticen los derechos humanos, una política para la implementación de los acuerdos de Paz”, explica. Además, destaca cómo el Fondo Noruego para los Derechos Humanos puede actuar como una “bisagra” entre las organizaciones sociales del territorio y las autoridades que toman decisiones: “Dar a conocer lo que está haciendo un líder, una organización en el territorio eso ayuda a la protección”.

El Fondo Noruego para los Derechos Humanos apoya a INDEPAZ para el monitoreo de esta información a través del observatorio que gestionan porque estos datos son esenciales para visibilizar esta realidad con información independiente y presionar para promover medidas orientadas a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país.

Foto: Ficha con la información que publica INDEPAZ cada vez que asesinan a una persona. Esta corresponde a la última víctima, y que se compartió el 20 de abril. Crédito: INDEPAZ