El 24 de noviembre de 2016, El expresidente del gobierno de Colombia, Juan Manuel Santos, y el antiguo comandante de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, firmaron la versión final del acuerdo de paz, después de que la anterior fuera rechazada por escaso margen en una consulta popular. En estos cinco años, se avanzó en desarrollar los puntos de este documento pero, según las organizaciones y las comunidades, aún hay un largo camino hasta la paz.
Uno de los puntos con mayor retraso es el primer punto del acuerdo, la Reforma Rural. Según el último informe de la Secretaría Técnica (ST) del Componente Internacional de Verificación del acuerdo de paz. Este tema es uno de los claves para la resolución del conflicto, puesto que Colombia es uno de los países con mayor concentración de la tierra lo que está vinculado a una gran desigualdad de oportunidades. Con el acuerdo de paz, se creó el Fondo de Tierras, para paliar esta situación. Según la ST, en 52 meses solo se han entregado el 7,8 por ciento.
Las comunidades son las más afectadas por esta falta de avances. Según Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz (Redepaz), en varias regiones del país perciben hoy un “inmenso terror” porque en estas zonas se sigue asesinando a quienes alzan la voz por la paz. Sanabria recuerda que lo que ocurrió hace cinco años “no fue un sometimiento a la justicia de un grupo insurgente, sino un acuerdo de paz”. En este sentido, apunta una de las razones por la cual el acuerdo sigue estando vigente, pese a, según dice, la intención de algunos de desmantelarlo. “El acuerdo fue blindado a nivel internacional por todos los países garantes, el Consejo de Seguridad de la ONU, la Misión de Verificación y eso ha impedido que el gobierno acabe con lo firmado”.
Una de las zonas que más sigue sintiendo las consecuencias del conflicto es el Catatumbo. En esta zona fronteriza con Venezuela, Redepaz acompaña a la guardia campesina del Catatumbo, afiliada la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), fortaleciendo sus mecanismos de autoprotección para “prevenir al máximo que las amenazas se cumplan”. En algunos casos, tuvieron que llegar a esconder a algunas personas defensoras de derechos humanos que sufrieron persecuciones. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), han asesinado a 1.270 personas defensoras de derechos humanos en Colombia, desde la firma del acuerdo de paz. La situación, añade Sanabria, sigue siendo “de zozobra” por la gran presencia de grupos armados ilegales presentes y otros que llegaron a ocupar los territorios dejados por las FARC tras el acuerdo.
Señales para la esperanza
Sin embargo, durante estos cinco años también hay algunos avances que suponen un paso adelante para la consolidación de la paz. Sanabria apunta algunos de ellos. “Más del 90% de los excombatientes se acogieron al acuerdo de paz, los informes de la Jurisdicción Especial para la Paz y el hallazgo de personas dadas por desaparecidas”.
Además, Indepaz señala que hubo una disminución de los homicidios de personas lideresas y defensoras de derechos humanos durante los años posteriores a la firma del acuerdo de paz. En 2016, hubo 1.238 homicidios, mientras que en 2019 registraron menos de 697. Además, hubo reducción de más del 95% en casos de desaparición forzada, ejecuciones sumarias, falsos positivos, secuestro y tortura. Por último, hubo una disminución en el número de personas que sufrieron desplazamiento forzado. Entre 2017 y 2021, 100.000 personas fueron desplazadas, en comparación con las 500.000 personas de promedio que lo fueron en la primera mitad de este siglo. No obstante, Indepaz, reconoce que no es posible afirmar que habrá “un crecimiento indefinido de asesinatos” en los próximos años pero tampoco que “ya se revirtió la tendencia”.
A parte de estos buenos síntomas, Sanabria comparte otro sobre la ciudadanía colombiana. “Empezó a darse cuenta de que las desigualdades económicas, la corrupción no tenía que ver con el conflicto armado, sino que son unas prácticas de la dirección política”, explica. Por último, apunta su último comentario al 2022, cuando se celebrarán elecciones presidenciales, momento en el que espera que la sociedad colombiana “respalde propuestas políticas que se hayan comprometido con la implementación del acuerdo de paz”.
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El Fondo Noruego para los Derechos Humanos sigue comprometido con la construcción de una paz estable y duradera. A pesar de los obstáculos que resultaron de estos cinco años desde la firma, reafirma que el diálogo y la apuesta por quienes defienden derechos humanos es uno de los caminos para seguir avanzando en este proceso.
Foto portada: Las2Orillas