Desde que inició el 2022, la población araucana ha vivido la agudización del conflicto armado, un hecho que ha dejado dos masacres y alrededor de 38 personas desplazadas por día entre enero y abril, informan el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Esta escalada de violencia también ha alcanzado la vida de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Colombia. Según INDEPAZ hasta abril de 2022, seis líderes y un firmante del acuerdo de paz fueron asesinados en Arauca.
Este fue el caso del ataque a las instalaciones de las organizaciones sociales de Saravena, Arauca, donde la Defensoría del Pueblo reportó que nueve personas resultaron heridas y una fue asesinada.
Ante esta situación, 14 organizaciones sociales llegaron hasta el lugar para hacer un recorrido por Tame, Fortul, Saravena Arauquita y Arauca capital con el fin de conocer de cerca el contexto y visibilizarlo ante instituciones y medios de comunicación. Dentro de las organizaciones que hicieron parte de la caravana humanitaria están la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA, entre otras.
“La caravana realizada por diversas plataformas de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos, medios alternativos de prensa y organismos institucionales pudo constatar la grave situación de derechos humanos que viven los pobladores y las vulneraciones al derecho internacional humanitario que compromete a los distintos actores armados que hacen presencia en la región” comparte en un informe la Asociación MINGA, una organización social que contribuye a que los procesos sociales cuenten con garantías para la promoción de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, la paz y la vida digna.
Diana Sánchez acompañó la caravana humanitaria en representación de la Asociación MINGA y explica que a pesar de los esfuerzos realizados en las movilizaciones para visibilizar el contexto de violencia en Arauca, “la situación sigue igual”.
Lo anterior, continúa Sánchez, ha sido una consecuencia de las estigmatizaciones que enfrentan las organizaciones sociales y las personas que defienden los derechos humanos. “En Arauca el movimiento social es altamente estigmatizado y judicializado”, afirma Sánchez.
Durante la movilización se solicitó al gobierno colombiano escuchar a la comunidad araucana y a los lideres sociales frente a la problemática que enfrentan, y por esto piden desarrollar acciones para proteger la vida, la integridad personal y los derechos humanos de la población en general.
Por otra parte, instan a los distintos actores armados regulares e irregulares a acatar el Derecho Internacional Humanitario, y a las organizaciones sociales y al movimiento de los derechos humanos a que declare la Emergencia Humanitaria en Arauca.
Desde el Fondo Noruego para los Derechos Humanos apoyamos la labor de acompañamiento y defensa que realizan las organizaciones sociales a las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos en Colombia como parte de los esfuerzos de construcción de paz y defensa territorial.
Fotografía de portada: la caravana humanitaria escuchando a las organizaciones sociales de Tame, Arauca. Crédito: Asociación MINGA.