En la capital colombiana, la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) organizó un foro internacional que reunió a defensores y defensoras de derechos humanos de Chile, Argentina, México, Sahara Occidental y Colombia para compartir y debatir aquellos retos que han enfrentado de cara a la preservación y difusión de la memoria en contextos de violencia sociopolítica. El encuentro además contó con la participación de organismos colombianos como el Centro de Memoria Paz y Reconciliación y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Edith Escareño de la Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes contra la Tortura dijo durante el foro que, a pesar de los obstáculos, en México se ha hecho una lucha importante por preservar la información y los testimonios de las víctimas que construyen aquellos momentos históricos como la “guerra sucia”, la violencia sociopolítica contra los luchadores sociales, y la violencia hacia la población con la declaración de guerra contra el narcotráfico.
Gracias a estos testimonios, Escareño contó en el foro que se han podido desarrollar buenas prácticas, como lo son “las comisiones de la verdad, las cuales han tenido una diferencia profunda porque son las familias quienes proponen y quienes vigilan su desarrollo”, dijo.
Otras de las buenas prácticas realizadas en México, ha sido la apertura de archivos y estructuración de organizaciones colectivas de familiares de desaparecidos, sobrevivientes de tortura y desplazados internos, hechos que han logrado una incidencia importante a nivel legislativo con una propuesta de ley general de desaparición y de atención a víctimas en el país.
Respecto al término “memoria”, Erika Hendricks de la organización Londres 38 Casa de la Memoria argumentó que no se puede privatizar. “Luego de Pinochet empezamos a acuñar el concepto de memorias y se recogieron 3.000 testimonios sobre ejecuciones y desapariciones forzadas. La memoria se comenzó a hablar desde la justicia, y entonces vimos que se empezó a privatizar [el concepto]”.
Fue desde ese momento que Hendricks y su organización decidieron tomar la posición de que “todas, todos y todes somos quienes armamos la memoria”, pues solo así lograron que la sociedad se involucrara en los procesos de construcción y preservación de las historias y testimonios de los hechos ocurridos.
Luego de las reflexiones compartidas por las defensoras invitadas, y en un segundo espacio, líderes y lideresas sociales de Colombia trabajaron en el desarrollo de recomendaciones orientadas hacia “la inclusión de todas las voces y las perspectivas en la construcción de la memoria histórica del país”, dijo Sara Dávila de la organización CJYC.
Este foro hizo parte del proyecto de la CJYC, en el que se busca promover la participación de las víctimas en la construcción de memoria, verdad y justicia como aportes a la construcción de paz y al respeto por los derechos humanos en Colombia.
Desde el Fondo Noruego para los Derechos Humanos apoyamos la labor de la CJYC que defiende y apoya la exigibilidad de los derechos humanos de las víctimas de desplazamiento forzado, despojo de tierras y delitos conexos con el fin de alcanzar mayores niveles de justicia social en el país.