Durante el último año, la crisis mundial desatada por la pandemia generó una tragedia social, política, económica, humana y sanitaria que también impactó la agenda y la situación de derechos humanos. Para el caso colombiano, además ha sido grave la inoportuna e ineficaz respuesta del gobierno frente a su deber de protección y garantías para las personas que ejercen el liderazgo social y la defensa de derechos, entre ellas sindicalistas.
En medio de este contexto, la violencia antisindical sigue siendo un grave obstáculo para la consolidación de la paz, el ejercicio de las libertades sindicales, la defensa de los derechos humanos y las garantías democráticas. Este tipo de violencia persiste pese a la existencia de recomendaciones internacionales al Estado colombiano, incluso para el año 2020, el Índice Global de la Confederación Sindical Internacional (CSI), ratifica a Colombia es el tercer peor país del mundo para los trabajadores y trabajadoras.
Persiste la violencia antisindical durante la pandemia
Según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (Sinderh), en Colombia sindicalistas y sindicatos han sido víctimas de una violencia sistemática y selectiva por más de tres décadas, siendo esta una de las formas más graves de exclusión, encubierta por altos índices de impunidad y cuya reparación integral aún es tarea pendiente. Desde el 1 de enero de 1971 hasta el 31 de diciembre de 2020, se han registrado al menos, 15.317 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre las que se incluyen 3.277 homicidios, 428 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas, 7.541 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados. Del total de violaciones, 11.916 han sido contra hombres y 3.401 cometidas contra mujeres. A 955 dirigentes sindicales les ha sido arrebatada su vida (pueden ver este video para mayor información).
La violencia antisindical aún no es tema del pasado, según Sinderh, el año pasado se registraron al menos 130 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, entre ellas 18 homicidios. En el último año, del total de casos documentados, 120 fueron hombres y 10 fueron contra mujeres.
El contexto de violencia antisindical durante 2020 se caracterizó por un entramado de prácticas de persecución y de exterminio, y aunque prevalecen las amenazas, reviste suma gravedad la ocurrencia de 18 homicidios de sindicalistas, 2 desapariciones forzadas y 10 atentados contra la vida, gran parte de las víctimas fueron líderes e integrantes de organizaciones sindicales rurales y docentes sindicalizados. Aunque la violencia antisindical muestra una disminución en los casos documentados, se advierte el incremento de la persecución contra la dirigencia, el liderazgo y el activismo sindical, que para el año 2020 representó el 88,46% del total de casos documentados. Esto indica la existencia latente del riesgo que podría incidir en el incremento de vulnerabilidad para las y los sindicalistas.
En 2020 se registraron hechos de violencia contra 23 organizaciones sindicales ubicadas en 22 departamentos (regiones), siendo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), algunas de las organizaciones foco de la violencia. Por otra parte, entre los territorios más golpeados se encuentran Bogotá, Cauca, Meta, Nariño y Atlántico. Cabe precisar que la violencia antisindical no se reduce a una dimensión estadística, por el contrario, detrás de cada caso hay personas comprometidas que tienen diferentes circunstancias, pero una motivación en común: defender los derechos de las y los trabajadores. En el último año, gran parte de las víctimas fueron líderes/as e integrantes de organizaciones sindicales rurales, docentes sindicalizados y sindicalistas del sector minero energético.
“Detrás de cada caso hay personas comprometidas que tienen una motivación en común: defender los derechos de las y los trabajadores”. Viviana Colorado López. Coordinadora de Derechos Humanos, Escuela Nacional Sindical en Colombia.
Líderes y lideresas sindicales, entre los más perseguidos
Martha Alfonso es la segunda vicepresidenta y coordinadora de derechos humanos de Federación Colombiana de Educadores (Fecode), una de las organizaciones sindicales más perseguidas en Colombia. “Como maestra siempre he considerado que la esencia de nuestra profesión es ser defensora de derechos humanos, ese es el trasfondo, todo maestro o maestra que considere que la educación es una herramienta para la transformación social, hace de esto, una defensa de los niños, niñas y jóvenes”, señala la lideresa sindical.
Durante los dos últimos años, Martha además de su defensa de derechos humanos, también realizó varios informes sobre la memoria y la verdad histórica acerca de la violencia antisindical contra la Asociación de Institutores* de Antioquia (Adida) y la Fecode en el marco del conflicto armado. Los informes se entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad para que los tuvieran en cuenta en sus procesos. Estas instituciones fueron creadas tras el Acuerdo de Paz en 2016, y están encargadas de judicializar los crímenes cometidos y buscar la verdad de los orígenes del conflicto y sus consecuencias, respectivamente.
La directiva sindical recuerda cómo las amenazas que recibe por esta labor, le esta afectando la vida. ”De pronto empiezas a necesitar o a moverte en un carro blindado con escoltas, y se te limitan tus normas, tus salidas, tu familia”, cuenta. Los avisos llegan por todos los medios, correo, WhatsApp, e incluso a casas de alguno de sus compañeros. Pero, aunque reconoce que “uno se tensiona” termina por seguir haciéndolo. Martha explica cómo empezó denunciando la violencia antisindical y contra equipos docentes, y ahora se convirtió en una víctima más de esa violencia y añade, “no había reflexionando de que hago parte de esa historia que no para en Colombia”.
Otro de los problemas para quienes defienden los derechos de personas trabajadoras es que en la mayoría de los casos se desconoce quién fue el responsable. Esto pasa en los 80 casos de 130 analizados. Sin embargo, en el resto de casos, los autores son los grupos paramilitares (28 del total), entre ellos las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. También se destaca que, en doce de los casos, los presuntos responsables son organismos estatales, y en cuatro se presume que la responsabilidad fue de alguna de las guerrillas que siguen activas.
En este Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, es importante denunciar que ante la persistencia de la violencia antisindical, se requiere la implementación de acciones articuladas, las cuales deberían apuntar al desmonte la cultura antisindical que legitima la violencia; al esclarecimiento y reconocimiento de la violencia antisindical como una condición necesaria para la no repetición; a la superación de los altos índices de impunidad que limitan el acceso a la verdad y a la justicia por parte de las víctimas; y a la reparación colectiva e integral del sindicalismo. Las garantías para la libertad sindical es una condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz.
Fotos: Escuela Nacional Sindical (ENS).
Nota: Las opiniones reflejadas en el artículo son de la autor/a y no tienen por qué coincidir con las del Fondo Noruego para los Derechos Humanos.