En septiembre de 2022 se ha publicado un nuevo informe de Global Witness que documenta por décima vez los ataques contra personas defensoras de la tierra y el ambiente en todo el mundo durante 2021. Las cifras son espeluznantes, aunque nada de sorprendentes, teniendo en cuenta informes anteriores de Global Witness con cifras igualmente elevadas. 200 personas fueron asesinadas durante 2021, de las cuales 54 eran de México, 33 de Colombia y 26 de Brasil. En muchos casos, Global Witness no pudo identificar un sector económico vinculado a los ataques, pero cuando lo hizo, las actividades de explotación de recursos, como la minería y la tala, solían estar implicadas. Cuando no se identificó el sector se descubrió que los conflictos por la tierra eran factores críticos causantes de estos ataques.
El número de personas defensoras asesinadas en México aumentó, tuvo un aumento de 30 en 2020 a 54 en 2021. De ellas, cerca de la mitad pertenecían a un pueblo indígena y dos tercios estaban relacionados con conflictos por la tierra y la minería. Mientras tanto, el número de asesinatos en Colombia descendió de 65 en 2020 a 33 en 2021, pero sigue ocupando el segundo lugar. Aunque los ataques se producen en todo el mundo, incluidas Filipinas, India y la República Democrática del Congo, parece haber una situación especial en América Latina, ya que más del 75% de los asesinatos tuvieron lugar en esa región. Hay varias razones complejas para ello, una de las cuales es la precaria situación de los pueblos indígenas y el creciente interés político y económico en utilizar sus territorios para actividades económicas mientras no se lleva a cabo una consulta previa. Las desigualdades sobre la tierra en América Latina persisten desde la época colonial y a menudo afectan a grupos y personas marginadas. A ello se suma una creciente criminalización, etigmatización y campañas de desprestigio contra quienes defienden la tierra, así como altísimos niveles de impunidad y conflictos violentos.
A pesar de los esfuerzos mundiales y regionales por crear mecanismos y leyes para proteger a las personas defensoras y exigir la diligencia debida a las empresas multinacionales (por ejemplo, a través del Acuerdo de Escazú que entró en vigor en 2021, y que ha sido ratificado por México y Colombia), el número de ataques sigue siendo elevado. Esto significa que queda mucho trabajo por hacer en términos de implementación y de proporcionar una protección efectiva.
“Desde que Global Witness comenzó a informar sobre los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente en 2012, hemos observado una violencia persistente y sistémica contra este grupo en todo el mundo. Cada año, el número de asesinatos sigue siendo elevado, aunque debe considerarse en el contexto de tácticas opresivas más amplias, como amenazas de muerte, campañas de difamación, tácticas de criminalización y agresiones físicas. Lo que ha cambiado en los últimos diez años es la oportunidad de cambio: hay mayor conciencia entre los actores estatales y no estatales de los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos. Hay más recursos y financiación para aumentar la protección de las personas defensoras, y mecanismos de protección regionales y nacionales, que han tenido cierto éxito a pesar de carecer de capacidad y financiación.
En el último año hemos asistido a la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras del ambiente, y está previsto que la UE apruebe la legislación que obligará a las empresas a identificar, mitigar y remediar los daños medioambientales y a los derechos humanos en su cadena de suministro. Los datos han desempeñado un papel importante a la hora de situar las represalias contra las personas defensoras su derecho a defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en el radar de las instituciones internacionales y las empresas, y actores autorizados como la ONU hacen cada vez más referencia a nuestro conjunto de datos”, dice Ali Hines, responsable senior de Campaña de Defensoras de la Tierra y el Medio Ambiente.
Muchas organizaciones de base han defendido incansablemente su territorio y su entorno local y han trabajado para mejorar la situación de las personas defensoras en situación de riesgo, entre ellas muchas de nuestras copartes en todo el mundo. Algunos ejemplos son Tequio Jurídico, que presta apoyo jurídico en procesos sobre el derecho a la tierra en Oaxaca, al sur de México, con especial atención al empoderamiento de las personas defensoras indígenas. Y en la Sierra Tarahumara, en el norte, la organización Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) lleva a cabo litigios estratégicos y busca abrir espacios inclusivos para las mujeres y las personas jóvenes en los movimientos indígenas que defienden los derechos colectivos del ambiente y la tierra.
“Estamos profundamente preocupadas por estas circunstancias y nos solidarizamos con quienes siguen luchando” Ingeborg Moa - directora ejecutiva del Fondo Noruego para los Derechos Humanos
Foto de portada: Felipe Roblada, presidente del consejo de ancianos del pueblo de Ayotitlán, México, posa para una foto en Ciudad de México, el 29 de agosto de 2022. Quetzalli Nicte Ha/ Global Witness