El Fondo Noruego para los Derechos Humanos apoya el siguiente comunicado como parte del Espacio de Cooperación para la Paz (EPC):
Bogotá, mayo 3 de 2022. Las Organizaciones de la sociedad civil y ONGs internacionales que suscriben el presente comunicado saludan la instalación de la Mesa Humanitaria en el Chocó que tuvo lugar el pasado 9 de abril de 2022, iniciativa que se suma a los esfuerzos de la sociedad civil chocoana para desescalar la violencia, proteger a la población civil y priorizar el diálogo tal como se plantea en El Acuerdo Humanitario YA. Además, instan al Estado colombiano a tomar las medidas para frenar el conflicto armado que está poniendo en riesgo la existencia de las comunidades campesinas, negras e indígenas del departamento.
Igualmente manifiestan su solidaridad con las organizaciones étnico territoriales, las iglesias y los agentes humanitarios que, en terreno, han verificado de manera directa lo que está sucediendo en los territorios. Hacen un llamado a privilegiar las vías del diálogo para identificar y superar las causas de esta situación, y poner límites a la confrontación armada mientras se avanza en una negociación política que ponga fin al conflicto armado interno.
Los actores armados tienen la obligación de respetar el Derecho Internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional humanitario, de manera particular el artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra, que excluye a la población civil de la guerra:
“Las personas que no participen directamente en las hostilidades... serán en todas las circunstancias, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable”.
La reconfiguración del conflicto armado, el abandono estatal y el lento avance en la implementación del Acuerdo Final de Paz (firmado en noviembre de 2016) han generado en el departamento del Chocó una compleja crisis humanitaria y de derechos humanos que, de acuerdo con el informe de las Misiones Humanitarias, se deteriora cada día más.
En ese sentido, es urgente que el Estado colombiano como responsable constitucional de velar por la vida y dignidad de todas las personas implemente medidas eficaces que protejan la vida de las personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales sus comunidades y organizaciones; y a las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz, con acciones integrales que vayan más allá de la militarización de los territorios.
El Departamento del Chocó está en una situación de alerta y en tal sentido mantendremos de manera permanente nuestro monitoreo, y el diálogo con las organizaciones étnico territoriales del territorio y la comunidad internacional, para fortalecer el rol de las organizaciones locales en sus esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz.