Antioquia, al noroccidente de Colombia, se caracteriza por ser uno de los lugares más ricos del país en materiales mineros. Se extrae principalmente oro, plata y platino. Pero no solo eso, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el departamento también es característico por sus riquezas hídricas que aportan el 33% de la energía del país. Esto deriva conflictos que mezclan los intereses económicos con los de las comunidades locales. Ante esta situación, la organización Corporación Jurídica Libertad desarrolla un proyecto en esta región que contribuye a la reducción de las desigualdades y desequilibrios de poder entre las comunidades locales y las empresas minero-energéticas.
La abundancia de estos recursos ha hecho que Antioquia sea un atractivo para los proyectos minero-energéticos. En 2020 el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo que este sector es clave para la reactivación económica del país y por ello se invirtieron más de 36 billones en cuatro departamentos, incluyendo el antioqueño.
Uno de los proyectos más discutidos es la mina de cobre de Quebradona, en Antioquia, que hoy está a la espera de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le otorgue el permiso para comenzar operaciones. Habitantes del sector se han opuesto a esta iniciativa por posibles daños a la biodiversidad en el territorio e impactos en las dinámicas sociales y económicas campesinas, así como en la expansión de grupos ilegales que podrían incrementar aún más la violencia en este territorio.
Esta no es la primera vez que algo así ocurre. Vanessa Vasco, abogada y coordinadora de proyecto de la Corporación Jurídica Libertad, afirmó que a raíz del conflicto armado las comunidades han venido sufriendo graves violaciones de derechos humanos como el saqueo y el desplazamiento masivo de habitantes del departamento con el fin de preparar el territorio para la entrada de actores económicos ajenos.
En la actualidad, Vasco dice que, a la vez que se levantan las restricciones sobre la propiedad del suelo que protegían las tierras de las familias desplazadas, se multiplican aquellos proyectos que representan un nuevo despojo para la población campesina.
“Los campesinos siempre han sido un sector marginado, discriminado y olvidado. En los proyectos extractivos, las negritudes y las comunidades indígenas tienen una prelación frente a las consultas previas, mientras que los campesinos no tienen esta protección por parte de la Legislación Nacional” expresa Vanessa Vasco, abogada y coordinadora de proyecto de la Corporación Jurídica Libertad.
Según la Corporación Jurídica Libertad se registran 64 licencias de exploración y explotación minera y 34 proyectos de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), sin contar las solicitudes en trámite, lo que, según dice esta organización, evidencia la presión ejercida sobre los bienes naturales.
Esta organización acompaña al Movimiento social por la Vida y la Defensa del Territorio (MOVETE) en su lucha contra la proliferación de proyectos minero-energéticos. “Se espera frenar la expansión del modelo extractivista y proteger a la población campesina, garantizando su permanencia en el territorio en condiciones dignas, basadas en su vocación agrícola y forestal y en la conservación de su patrimonio cultural y ambiental”, explica Vasco.
El proyecto de la Corporación Jurídica Libertad, que además contribuirá a la construcción de una paz con justicia social y ambiental, cuenta con todo nuestro apoyo. Desde el Fondo Noruego para los Derechos Humanos estamos felices de que su labor contribuya a la vida de más de 800 personas en Colombia que han enfrentado situaciones de inequidad, pobreza, exclusión y violencia.
Foto de portada: Corporación Jurídica Libertad