Más de 20 organizaciones de Colombia y otros países latinoamericanos, participaron en esta aproximación general sobre la actuación de las empresas y su relación con los derechos humanos. La actividad tuvo lugar en línea, durante el 25 y 26 de agosto.
Amanda Romero, representante legal de Colombia para el CIEDH hizo una introducción sobre la relación entre empresas y derechos humanos, así como los conceptos clave para entenderla. “El grupo de interés más importante para las empresas son las autoridades locales, y los inversionistas”, sostuvo Romero. Y añadió que hay una presión para que “los inversionistas miren por los derechos humanos”. Entre estos inversionistas se encuentran los fondos públicos, privados, familias y fundaciones.
Romero también explicó el funcionamiento de la cadena de valor y cómo se facilita la licencia para la explotación de recursos así como los distintos tipos que hay. Solo el sector minero representó el 2% del PIB colombiano en 2014. Por todo ello, recordó que las empresas son “responsables de prevenir y resolver las violaciones de derechos humanos”, derivadas de los servicios que desarrollen.
Desde el CIEDH explicaron la importancia de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas. Y destacaron los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, que fueron creados por Naciones Unidas para profundizar en este punto. Estos se basaron en tres pilares: Proteger, Respetar y Remediar. Son principios que no son de obligado cumplimiento por los Estados. Por ello, hubo un esfuerzo de varios países para crear un instrumento obligatorio sobre empresas y derechos humanos, cuyo borrador se encuentra en discusión, aunque, explicó Romero, con poca implicación por parte de la Unión Europea.
Por su parte Fabián León, también del CIEDH, compartió dos casos que ejemplifican consecuencias negativas de las empresas sobre los derechos humanos en Colombia. Fabián León comparte dos casos, uno sobre el pueblo Yukpa. Este pueblo está en peligro de extinción, y es transfonterizo, es decir, su territorio comparte la tierra de dos fronteras al mismo tiempo, en este caso con Venezuela. Esto hace, según León, que este pueblo esté en una situación de “vulneración de derechos” cuando se presentan proyectos mineros energéticos, y agronegocios en sus territorios.
León compartió un segundo caso sobre el Pueblo Jiw, de carácter nómada, y que se ven afectados por el narcotráfico al estar en una zona de paso de droga y también ser un territorio con presencia de la guerrilla de las FARC y grupos paramilitares. En este caso hay una empresa, Poligrow, que contrataron personas indígenas mayores que fueron desplazadas de otras zonas, generando, continua, unas formas de esclavitud. Además, afirmó que la empresa “obtuvo beneficios, tomando partido del conflicto”.
Valentina Muñoz, del CIEDH explicó también el marco general de la diligencia debida, un proceso que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo de manera continua, para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos.
Por último, Romero habló sobre el marco de Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que indica una forma de actuación entre empresa y estados. Estos principios comprenden la evaluación del riesgo, las interacciones entre empresas y seguridad pública y las interacciones entre empresas y seguridad privada.
Los participantes valoraron de forma positiva este espacio.
“Este tipo de talleres son escenarios muy importantes porque quienes están al frente de ellos tienen una mirada global sobre los temas aterrizándolos a lo local” expresó Julia Figueroa de la organización CAALCP.
En el Fondo Noruego para los Derechos Humanos, creemos en la importancia de seguir profundizando en la relación entre empresa y derechos humanos. Por ello confiamos en el CIEDH como aliado clave para avanzar en ese camino.