Cerca de 30 organizaciones de la sociedad civil conversaron con la Real Embajada de Noruega sobre las violaciones de derechos humanos que se registraron durante las protestas. Hasta el 6 de mayo, se han documentado 37 homicidios, y más de 1.200 personas heridas, según cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y La Paz (Indepaz).
La situación actual de vulneración de derechos humanos preocupa mucho y así se lo transmitieron al embajador de Noruega, John Petter Opdahl. Diana Sánchez, de la Asociación Minga, explicó cómo se llegó a esta situación. “Es un acumulado de tanta exclusión, falta de garantías y de derechos humanos” dice Sánchez. Todo ello, dijo, se sumó a la “falta de apoyo del gobierno a todos los sectores populares, incluida la clase media”. Además, recordó que esto estas protestas son una continuación de las movilizaciones de noviembre de 2019 y que se detuvieron con la aparición de la pandemia. También reafirmó que el carácter de las protestas “siempre fue pacífico” pero la respuesta del gobierno “fue señalarlas y estigmatizarlas”. Además, reconoció que la respuesta de la comunidad internacional “ha servido mucho porque el gobierno ha tenido que ceder un poco”.
Según datos de la Coordinación Europa Estados Unidos y otras organizaciones, hay 471 personas registradas como desaparecidas desde el inicio de las protestas, el 28 de abril. Alberto Yepes, integrante de esta organización, calificó este situación de “dramática”. Por su parte, Marina Gallego, de la Ruta Pacífica de las Mujeres, explicó cómo el uso de la fuerza se ha cebado contra las mujeres a través del “castigo de la violencia sexual que se está dando”. Además, remarcó el trabajo de las organizaciones en la “recolección de datos con enfoque étnico y racial” y pidió a la comunidad internacional que “intermedie para el diálogo” y lograr que el gobierno cumpla con los derechos humanos.
Camilo Gonzalez, de Indepaz, habló sobre cómo pueden evolucionar estas protestas. González reconoció que es posible que se puedan “reactivar” en unos días, cuando se vean los frutos del diálogo que se inició esta semana. “El diálogo es una estrategia del gobierno para ganar tiempo y poder aplicar la política que ya tiene diseñada”.
“[Esta situación] Es un acumulado de tanta exclusión, falta de garantías y de derechos humanos” Diana Sánchez, Asociación Minga.
También se escucharon recomendaciones para que los cuerpos diplomáticos que son garantes del acuerdo de paz, firmado en 2016, presionen al gobierno colombiano para que este respete los derechos humanos en el marco de las protestas. Dayana Blanco, de Ilex Acción Jurídica, pidió a la embajada que solicite al Estado que “reforme los cuerpos armados de la policía” teniendo en cuenta las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y que se investigue “la persecución de las personas defensoras que están ayudando a que la gente ejerza sus derechos”. Por su parte, Arnobi Zapata, de Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC), comentó que hay que intentar “presionar a Colombia para que ratifiquen el tratado de armas, y respete la independencia de poderes”.
Por último, por parte del Fondo Noruego para los Derechos Humanos, Caroline Aarsaether, Directora País en Colombia destacó la importancia de estos espacios ante una situación que esta organización vigila muy de cerca. “Es una oportunidad para seguir poniendo a Colombia sobre la agenda”, afirmó.
Este espacio fue posible gracias al acuerdo de colaboración firmado entre la Embajada de Noruega en Colombia y el FNDH por el cual, se está apoyando alrededor de 50 proyectos de organizaciones de la sociedad civil colombiana que trabajan en temas de acceso a la justicia y paz; seguridad, protección y garantías de personas defensoras de derechos humanos y derechos medioambientales y de la tierra.
Foto: Archivo. Crédito: Movice.