Las personas líderes sociales tienen esa habilidad innata de entender y compartir los sentimientos y las experiencias de la comunidad. Su empatía es tan amplia y arraigada que hay un desprendimiento de lo individual en el que nace lo colectivo, explica María Paula Feliciano, coordinadora de programa de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP).
A partir de su empatía, el líder o lideresa social desarrolla su trabajo en el que, por definición de la Organización de los Estados Americanos (OEA), “se dedica a la defensa, promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional y que además trabaja por la eliminación efectiva de las violaciones a los derechos humanos en el plano nacional, regional o local”.
A pesar de que en muchos casos esta ocupación no cuenta con un estímulo económico, esto no representa un obstáculo para que las personas defensoras de derechos humanos continúen abogando en temas como medio ambiente, educación, cultura, territorio, entre otros, con el fin de impactar positivamente a sus territorios y comunidades.
Este es el caso de Colombia, donde defensoras de paz como Luz Marina Bernal del colectivo Madres de Soacha ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz 2016 y reconocida a nivel internacional por abanderar la lucha de las mujeres a las que miembros del Ejército colombiano arrebataron y asesinaron a sus hijos al sur de Bogotá haciéndolos pasar por guerrilleros, los llamados "falsos positivos".
En Riosucio, Yolanda Perea de la Ruta Pacífica de las Mujeres también se ha destacado por su incansable labor como lideresa social. Perea en 2018 fue reconocida mediante el premio a los Mejores Líderes de Colombia por su apoyo a 300 familias y 500 personas jóvenes del territorio en educación, alimentación y orientación.
Pero entonces, si su trabajo tiene tanta incidencia y resultado en los territorios, ¿por qué en Colombia hay una alta tendencia de homicidios hacia esta población? El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha evidenciado un alza de muertes de más de 1.200 líderes desde la firma de los Acuerdos de Paz y, según la Misión de Observación Electoral (MOE), más de la mitad se han presentado en zonas en donde están instaurados los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
El crecimiento de la violencia desde hace cinco años ha sido muy evidente y según Feliciano esto se debe a que “desde el 2016 los Acuerdos de Paz han puesto en jaque unas formas tradicionales de tenencia del poder y de la tierra en el país”. Es decir que, con la firma de esta negociación que busca ponerle fin al conflicto armado interno del país, se abrieron nuevos espacios de deliberación política y proposición de nuevas temáticas, no obstante, con ello también surgió una lucha por acallar estas voces.
“Desde el 2016 los Acuerdos de Paz han puesto en jaque unas formas tradicionales de tenencia del poder y de la tierra en el país” afirma María Paula Feliciano, coordinadora de programa de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP).
Como consecuencia, líderes y lideresas sociales han venido enfrentando una fuerte ola de asesinatos que ha dejado al descubierto las deficiencias por parte del Estado para proteger a quienes luchan por sus derechos y por evitar el hundimiento del Acuerdo.
Con el fin de que estas personas defendoras de los derechos humanos puedan vivir con garantías para seguir construyendo la paz, la organización FCSPP ha venido implementando un importante proyecto en Colombia para fortalecer las capacidades de exigibilidad de seguridad y protección de 800 líderes que están en riesgo de sufrir ataques o amenazas por parte de grupos armados en sus territorios.
Feliciano cuenta que desde el 2020 han venido trabajando en el aseguramiento de mecanismos de protección y la construcción de políticas públicas que se presentarán ante las autoridades colombianas. Las propuestas que surjan de los encuentros serán visibilizadas ante la opinión pública y los organismos de internacionales de derechos humanos.
Las comunidades y organizaciones sociales de Antioquía, Cauca, Magdalena, Nariño, Valle del Cauca y Bogotá han visto en este proyecto una esperanza porque, aseguran, "este será un importante avance de cara a las elecciones de 2022 porque para ese entonces ya se tendrán listas una serie de iniciativas que se han venido construyendo en compañía de la FCSPP".
Desde el Fondo Noruego para los Derechos Humanos expresamos nuestro apoyo hacia aquellas organizaciones que mediante su labor impulsan y fortalecen la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia. Un ejemplo de ello es la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) quienes a través de su proyecto promueven la seguridad de líderes y lideresas que construyen la paz en sus territorios.
Foto de portada: FCSPP