Comunidades campesinas ubicadas al noroeste de Colombia presentan preocupación ante “descarnado modelo criminal contra personas que lideran exigibilidad del cumplimiento de los acuerdos de paz”, dice Julia Figueroa, coordinadora general y presidenta de la junta directa del CCALCP.
La violencia que viven los habitantes del Catatumbo, subregión conformada por 11 municipios de Norte de Santander, se ha venido incrementando en los últimos cuatro meses del 2021. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 12.000 personas están en riesgo como consecuencia a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza pública.
La misma entidad también informó que quienes más se han visto expuestos son las personas jóvenes, mujeres, migrantes, campesinos, personas desvinculadas de los grupos armados al margen de la ley, líderes sociales y comunales, defensores de derechos humanos, miembros de la misión médica, funcionarios y cerca de 5.900 indígenas Barí.
Estos escenarios de violencia por el control territorial y las rentas de economías legales e ilegales han provocado “la consolidación del narcotráfico, el sicariato, los abusos sexuales, el descuartizamiento de mujeres, entre otras”, explicó Figueroa, gracias a la información proveída por comunidades campesinas durante una visita al territorio.
Ante este panorama que, “demuestra una oposición a todos los modelos del acuerdo de paz, el miedo es palpable por parte de las comunidades”, expresa Figueroa, quien a través del CCALCP ha venido trabajando en el territorio desde 2003.
La ruta hacia la justicia
En agosto de 2020, luego de que las personas campesinas de la zona les solicitaran apoyo al CCALCP, se inició una ruta con una propuesta de litigio en la que le pedían al Estado el cumplimiento de manera integral del acuerdo de paz, con énfasis en los puntos: 1. Reforma Rural Integral (RRI), 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, y 4. Solución al problema de drogas ilícitas.
En el 2021, luego de varias acciones de incidencia, la Corte Constitucional seleccionó esta acción de tutela junto a otras presentadas en Nariño. A pesar de que el CCALCP considera que este hecho puede hacer que se pierda de vista la acción judicial presentada por el Catatumbo, no pierden la fe de que este es un gran precedente para el objetivo que se quiere.
“Tenemos a los campesinos que dan evidencia, a los líderes que sustentan con hechos, a las víctimas reconocidas por la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) que evidencian que esto no ha parado, y además nosotros vimos presencialmente lo que está pasando”, cuenta Figueroa. Estas pruebas mencionadas serán recogidas por el CCALCP y se expondrán ante la Corte Constitucional para dar más peso a la tutela.
Desde el Fondo Noruego para los Derechos Humanos apoyamos al Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), una organización que ha venido trabajando por los derechos humanos, colectivos, de justicia climática y construcción de paz hacia la consolidación de propuestas de vida digna y sostenible en Colombia.
Foto de portada: CCALCP