El reciente reporte de Global Witness 'Última línea de defensa' evidenció que en 2020 tres de cada cuatro ataques a personas defensoras del medio ambiente tuvieron lugar en la región, y que Colombia y México registraron la mayor cantidad de ataques letales a nivel mundial.
A pesar de que la región ha sido catalogada como uno de los lugares más peligrosos del mundo para quienes protegen la tierra y el planeta, las personas defensoras de derechos humanos siguen trabajando en primera línea. Ginny Medina, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón de Putumayo (ACIMVIP) en Colombia y Sara Méndez, de CódigoDH en México, son dos ejemplos de cómo América Latina también es una región donde la defensa del medio ambiente es una prioridad a pesar de los riesgos para este labor.
Colombia, donde ser activista cuesta la vida
Por segundo año consecutivo el país andino ocupó el primer puesto a nivel global como el lugar más peligroso para la defensa del medio ambiente. En 2020 se registraron 65 asesinatos, de estos ataques, un tercio fue contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron contra personas dedicadas a la agricultura en pequeña escala.
A este panorama se sumó la pandemia del COVID-19. Las cuarentenas obligatorias empeoraron la situación de los pueblos indígenas y llevaron a que las personas defensoras de derechos humanos fueran atacadas en sus hogares y a que se redujeran las medidas de protección por parte del gobierno.
El desproporcionado y constante ataque contra los pueblos indígenas ha hecho que Ginny Medina, desde la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón de Putumayo, Colombia, trabaje en el fortalecimiento de los Wasikamas, un pueblo indígena que para la organización es considerado como una figura de autoridad en el territorio y un defensor del medio ambiente.
“Los Wasikamas son los guardianes del territorio y buscamos establecer redes de apoyo con instituciones para aprender a reaccionar ante estas situaciones de violencia y daño al medio ambiente. Se compraron radios y GPS para saber lo que está pasando en comunidades donde no hay comunicación”, dijo Medina, quien también explicó que por medio del proyecto el pueblo indígena se está capacitando en temas de derecho internacional humanitario.
El proyecto que coordina Medina, acompaña a 10 comunidades y 2.600 personas se benefician de manera indirecta. Además, Medina comentó los retos que tienen para defender derechos humanos en esta región donde muchas comunidades tienen que desplazarse de sus tierras por la violencia entre actores armados alejándose de su tierra y por tanto de sus costumbres. "Un gran reto es fortalecer ejercicios sobre la lengua materna, usos y costumbres, gobierno propio".
Aumento de la violencia contra defensoras del medio ambiente en México
A pesar de que México se convirtió en el undécimo país en ratificar el histórico Acuerdo de Escazú para proteger a las personas defensoras del medioambiente, 30 activistas perdieron la vida durante el 2020, un número alarmante que evidencia un incremento del 67% en los homicidios si se compara con el 2019.
Las razones de estos hechos están relacionadas con la explotación forestal, la cual estuvo vinculada a casi un tercio de los ataques. Además, la mitad de todos los homicidios en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas que defienden y protegen sus territorios.
Por otra parte, las alarmas también se han encendido debido a las violencias que están enfrentando las mujeres defensoras del medio ambiente. Sara Méndez, coordinadora de la organización CódigoDH, denunció que “las redes sociales y los medios de comunicación se han usado para atacarlas y para difundir información falsa sobre ellas”. Méndez dijo que el riesgo de estos hechos “es que cualquier persona se siente con el poder de agredirlas o insultarlas en la calle”.
Otra situación que dificulta la participación de las mujeres en las labores de la defensa de derechos humanos es la gran carga de trabajo en el hogar que recae en las mujeres. "Hay una división muy marcada del trabajo. -Es una zona pesquera donde los hombres son las que salen a pescar- Y esto genera ambientes de violencia. Son temas tabús, de la familia, de todo el mundo sabe pero nadie hace nada", dijo Méndez.
Para contribuir a la protección de las mujeres que defienden y reclaman sus derechos, Méndez ha llevado a cabo diversos proyectos con un fuerte componente de género. En este momento, la organización CódigoDH busca proteger el medio ambiente pero también promover el fortalecimiento organizativo de las mujeres y el apoyo de iniciativas económicas.
Un ejemplo de su trabajo ha sido su contribución a la protección de los ecosistemas en la región del Istmo de Tehuantepec donde llevan años acompañando a comunidades ante las consecuencias de megaproyectos empresariales. “Hay algunas propuestas de desarrollo del gobierno que tienen que ver con la conexión interoceánica con carretera y ferrocarril. Para ello se necesitan algunas ampliaciones e instalación de nuevos muelles. La ampliación de muelles como el de Salina Cruz pone en riesgo los ecosistemas que son la base de las dietas de estas comunidades mareñas que viven en la región”, explicó Méndez.
La organización es uno de los retos que Méndez identifica para seguir avanzando en este trabajando y cuenta cómo han tenido "experiencias de sororidad" donde pudieron crear espacios para que las mujeres se sientan apoyadas unas por otras. "Este mirarnos entre nosotras generan procesos de acompañamiento y me parece que al final fortalece el papel de las mujeres dentro de las organizaciones y de las comunidades”.
Desde el Fondo Noruego para los Derechos Humanos, apoyamos el trabajo de organizaciones como CódigoDH y ACIMVIP en la defensa del medioambiente en su territorio, ante un contexto donde esta labor es perseguida.
Foto de portada: ACIMVIP