Cinco años desde la firma de la “esperanza” en Colombia

El acuerdo de paz que puso fin a más de cinco décadas de conflicto con una de las guerrillas más antiguas de la región, vive hoy un momento de incertidumbre ante la falta de implementación de los puntos acordados.
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“A pesar de las dificultades, las víctimas abrigamos la esperanza de un país diferente”: dicen las organizaciones sociales desde los territorios afectados por el conflicto armado.

Víctimas, excombatientes y delegaciones internacionales se vistieron de blanco para asistir al evento que puso fin a 52 años de conflicto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Colombia.

Cinco años después de este pacto histórico, organizaciones colombianas de la sociedad civil hacen balance sobre las dificultades y los retos que tuvieron en este camino. Por un lado, hablan sobre la falta de compromiso desde el gobierno y las instituciones hacia aquellas personas que defienden los derechos humanos porque, según declaran, “no hay seguridad para los líderes ni lideresas sociales”, explica María Simone, asesora de incidencia de la Asociación de Víctimas por la Paz y el Desarrollo (ASVIPAD).

Los homicidios hacia las personas defensoras de derechos humanos han tenido un aumento desde la firma del Acuerdo de Paz. De acuerdo con la organización Somos Defensores, entre 2014 y 2016 se registraron 198 asesinatos. Mientras que, desde 2016, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado más de 1.200.

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Foto: defensora de derechos humanos en un plantón en Nariño, Colombia. Crédito: ASVIPAD.

Ante esta situación de violencia, algunas organizaciones crearon una red para cuidar de su seguridad y, a su vez, buscaron apoyo de la cooperación internacional. “Esto ha sido lo único que ha permitido que podamos seguir trabajando ante los obstáculos”, expresó Simone.

Incluir a las comunidades de las regiones en el desarrollo del país es una cuestión clave para fortalecer la presencia estatal en estos lugares y ofrecer mejores oportunidades a quienes vivieron las consecuencias del conflicto. No obstante, luego de que las FARC salieran de las zonas que controlaban, las organizaciones denunciaron unos nuevos controles por parte de grupos armados al margen de la ley.

“El pacto con las FARC desconoció otras dinámicas armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes han venido ejerciendo controles territoriales” comenta Iván Rueda, secretario ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)

Con el fin de que haya un cese al fuego multilateral, las comunidades han venido recogiendo propuestas con garantías de seguridad, y se espera que estas iniciativas puedan ser recogidas en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Esta institución se creó a raíz de la firma, para investigar y ofrecer al país un relato histórico sobre los orígenes y los hechos que marcaron este conflicto.

Por otra parte, las organizaciones sociales también le están pidiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que amplie su marco de interpretación con el fin de que integrantes de otros grupos armados al margen de la ley puedan comparecer ante este órgano.

Durante la implementación del acuerdo de paz, también se hizo énfasis en la visible revictimización que han padecido aquellas personas afectadas directamente por el conflicto. “Esto es debido a que el acuerdo de paz no tuvo una respuesta efectiva para reparar integralmente a las víctimas”, detalla Diana Barrios, coordinadora de programa de la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho (COLEMAD).

Frente a este tema, Luz Hache, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) recuerda el caso de “las Fuerzas Militares colombianas y aquellos actores que han sido vinculados ante la JEP y que no han asumido ninguna responsabilidad. Pero que, al contrario, sí han revictimizado a las víctimas”.

Para evitar que las personas víctimas del conflicto armado continúen con este círculo de repetición, Hache dice que es importante es importante que estos actores que comparecen ante la JEP apoyen la construcción de la verdad desde la posición de victimarios. Además, las organizaciones también consideran que para mitigar la revictimización y contribuir con la reparación, debe más participación por parte de las víctimas en el Sistema Integral de Paz.

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Foto: comunidades campesinas, afro e indígenas en el Encuentro Memorias organizado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Crédito: CIJP.

Así lo ha venido haciendo la organización CIJP, quienes han observado un importante avance en los procesos de conciencia comunitaria y su relación extrajudicial. “En algunas ocasiones con la CEV hemos hecho ejercicios propios de memorias transformantes y transicionales con las nuevas generaciones en un relacionamiento con grupos responsables o victimarios”, explicó Rueda.

Desde la organización ASVIPAD, la representante legal Nubia Sánchez agrega que se “debe seguir insistiendo en estos procesos de construcción de paz mediante la pedagogía para impulsar la participación de las víctimas del conflicto armado”.

Sánchez comparte que su organización que ASVIPAD está apoyando la implementación del acuerdo de paz por medio del desarrollo de ejercicios de memoria histórica para la no repetición y la atención, asesoría y orientación psico-jurídica para mujeres víctimas.

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Foto: espacios intergeneracionales de mujeres organizados por la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho. Crédito: COLEMAD.

El Fondo Noruego para los Derechos Humanos Colombia sigue comprometido en su apoyo a organizaciones que trabajan por el avance de este acuerdo histórico que supuso un paso adelante para la reconciliación de la sociedad colombiana.